Marihuana: Falta mucho por hacer

@cristianafarias

Muchos aplaudieron cuando Bill de Blasio y William Bratton anunciaron que ya no se detendría más a personas que posean cantidades menores de marihuana.

El cambio es positivo, pero no suficiente.

Bajo el antiguo sistema, un arresto podía conllevar a toda clase de pérdidas: de trabajo, de vivienda pública, de ayuda financiera, de otros beneficios sociales. Para indocumentados, un arresto podía significar hasta la expulsión del país.

Cuando un joven es citado a corte por algún improperio —por orinar en la vía pública, por ejemplo—, una leve equivocación puede costarle caro. Más caro que la posible multa.

No presentarse podría resultar en una orden de arresto. Una orden de arresto podría resultar en un fin de semana en la cárcel si la policía se llega a enterar. Y un fin de semana en la cárcel significa pasar un lunes frente a un juez.

Pero allí no acaban las consecuencias.

Un lunes o cualquier otro día frente a un juez significa un día de trabajo perdido. Algunos hasta pierden el trabajo. Todo esto contribuye al ciclo de pobreza al que están sujetos millares de latinos y afroamericanos, os más afectados por políticas en contra de la marihuana.

Pero otras interrogantes surgen con el nuevo plan. ¿Quedará la multa registrada en el historial de la persona? ¿Qué consecuencias habrá en otras áreas, como en la obtención de empleo o de beneficios municipales? ¿Afectará a jóvenes que buscan ayuda financiera para costear su estudios?

Tampoco se ha informado si habrá una modernización al sistema de citaciones. En la ciudad, es sencillísimo pagar una multa por estar mal estacionacionado: se puede hacer por correo o vía Internet.

No así en el caso de faltas menores. Hoy por hoy, cientos de personas se ven obligadas a acudir a diario a Summons Court, el juzgado a cargo de estos cuasidelitos. El proceso es tedioso, toma horas, y parece más burocracia que un lugar apegado al derecho y el debido proceso. Agregar cientos de nuevos imputados a las largas filas no mejorará las cosas.

Pero esto último se presta para otra clase de abusos. De no haber un control adecuado que resguarde el derecho de las personas, ¿quién se preocupa de que el NYPD esté haciendo su trabajo correctamente? ¿Hay forma de que una persona se oponga a la legalidad del ticket? ¿Y qué si el oficial discriminó a la persona en base a su raza?

No es secreto que la ciudad penaliza más a latinos y afroamericanos por el consumo de marihuana. La nueva política de De Blasio no asegura que nada de esto cambie. Quizás la solución es despenalizar la marihuana por completo