Se ganó una batalla, la guerra sigue

El movimiento pro reforma migratoria ha ganado una batalla. Una batalla pequeña, pero estratégica. Una batalla que beneficia a una parte de la población indocumentada con el derecho a no ser deportados por un periodo de tres años y de trabajar legalmente. Una batalla que coloca a los Republicanos en la disyuntiva de resolver el caos migratorio desde el Congreso o de simplemente ignorar el problema de fondo y enfocarse en crucificar a Barack Obama. Si eligen mal, van a pagar el precio político.

Hay alegría en el movimiento pro reforma porque se estima que un número considerable de inmigrantes no autorizados van a dormir temporalmente más tranquilos. Hay desazón también porque además de ser solo una curita para un problema que desangra a la comunidad indocumentada, proteje a menos de la mitad de sus integrantes.

Las medidas deben ser tomadas con alegría y cautela.

Aunque en apariencia se estima que no va a ser mucho lo que los Republicanos puedan efectivamente conseguir con todas las medidas que ya han anunciado, no sabemos a ciencia cierta que puedan hacer para descarrilar las órdenes ejecutivas. La pelea va a ser encarnizada, intensa y sin piedad.

Hay enojo en el movimiento de los soñadores por la no inclusión de sus padres. Y aunque su molestia es comprensible, hay que entender que el espíritu de esta acción ejecutiva no es beneficiar a la comunidad no autorizada per se, sino beneficiar a ciudadanos estadounidenses y residentes legales que están sufriendo el riesgo de la deportación para sus seres queridos, por eso el Presidente Obama no puede ir más lejos.

Es curioso el número de beneficiados que se menciona, más o menos cinco millones. Número muy pequeño para los que apoyan una legalización amplia, pero que a su vez es una locura inaceptable para el movimiento anti inmigrante. Es necesario establecer que es muy poco probable que ya en la práctica se logré la legalización temporal de ese número de inmigrantes no autorizados. Recordemos que cuando el presidente firmó DACA en el 2012, se estimaba que beneficiaría inicialmente a un millón doscientos mil jóvenes soñadores. La realidad señala que hasta el día de hoy, sólo 700,000 han aplicado para el beneficio.

La situación será probablemente igual ahora. De los posibles aplicantes muchos no recibirán la acción diferida por diversos motivos. Ya sea porque no cumplen con todos los requisitos, no pueden probar que cumplen con los requisitos, no pueden pagar las tasas, o simplemente no están preparados para develar ante una agencia federal su condición de inmigrantes no autorizados.

Todas estas dudas, todo este caos, toda esta tragedia humana se podría solucionar si los Republicanos del congreso aprueban una ley razonable de inmigración que el presidente Obama pueda firmar.

Se ha ganado una batalla, pero la guerra está muy lejos de concluir