Jornaleros explotados en San Quintín retoman el diálogo
Policías desalojan a jornaleros agrícolas que protestan por mejores condiciones de trabajo en San Quintín, Baja California. Crédito: Agencia Reforma
MÉXICO.- Muchas décadas pasaron –desde los años 80 del siglo pasado- para que cerca de 70,000 indígenas pusieran contra la pared a empleadores de 12 compañías agrícolas en el Valle de San Quintín, en Baja California, por explotación laboral.
Previo a sus sonadas protestas, a las que a la que quieren dar fin con un diálogo que inició este miércoles, dicen que fumigaron miles de hectáreas con pesticidas que degradaron su salud sin posibilidad de atenderse por falta de seguro médico; que fueron obligados a trabajar horas extra por un salario de cinco dólares al día y que sufrieron de maltratos por capataces sin posibilidad de réplica.
Los indígenas intentaron sin éxito dialogar dos veces con los empresarios y representantes el 15 de octubre de 2014 y el 22 de enero pasado, pero la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Aonemjus) consideró que no se tomó en serio su pliego petitorio.
Los jornaleros –en su mayoría mixtecos, zapotecos y nahuas del sur del país- piden incorporación al seguro social, reconocimiento del trabajo para el retiro, aguinaldo, prima vacacional, jornada laboral justa y salario mínimo de 22 dólares al día en su equivalente en pesos.
“Ante la falta de interlocutores”, el 17 de marzo tomaron la carretera transpeninsular durante dos días, hasta que elementos de las policías federal, estatal y municipal y el ejército los desalojaron.
Hubo 200 detenidos y aunque la mayoría fue liberada, los jornaleros se mantienen firmes en sus peticiones mientras algunos cultivos comenzaron a perecer.
En el congreso federal, los manifestantes han sido respaldados por diversas voces que llaman a “las empresas y autoridades estatales” a sensibilizarse sobre el tema.
“Es inconcebible que en pleno siglo XXI nuestros jornaleros agrícolas padezcan explotación laboral, abuso de trabajo infantil, sometimiento a trabajos forzados, hacinamiento, carencia de salubridad en el área laboral, incumplimiento en el pago de salarios y falta de contratos por escrito”, lamentó el senador Jorge Aréchiga.
La diputada Amalia García dijo que es “pertinente” crear una nueva ley que tenga una visión integral que proteja a los migrantes internos como hasta ahora no se ha hecho.
En las últimas semanas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) ha rescatado a más de 400 personas en condiciones de explotación, pertenecientes a grupos vulnerables como las 203 trabajadoras costureras de una empresa coreana en Jalisco, 200 rarámuris en Baja California Sur y los 49 mixtecos en Colima.
