Guatemala: Dólares de E.E.U.U., impunidad y periodistas acorralados

Primero, el hecho que el presidente estadounidense Barack Obama ofreció (para 2016) un millardo de dólares en ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador, les hace “agua la boca” a sus mandatarios porque la región nunca tiene fondos que le alcancen (sea por corrupción, mala administración, y/o por baja recaudación y evasión fiscal).

Segundo, esto no es algo necesariamente malo. Le permite a EE.UU. condicionar la ayuda. Claro, siempre después que el Congreso estadounidense apruebe los fondos.

Cada país recibirá distintas condiciones, pero ojalá el compromiso para cumplirlas tenga carácter de largo plazo y no sea flor de un día. Esto pone en aprietos más a un mandatario que a otros.

El Congreso de los EE.UU. ya anunció que, en el caso de Guatemala, condiciona la ayuda a cambio de que el gobierno solicite la extensión por dos años más del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). Hasta lo pidió por escrito. Pero el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dice que no ha recibido la misiva, y que revisará un informe de los logros de la CICIG (que pidió a una comisión técnica que él conformó), para decidir si extiende el mandato. Esto, en un país donde sólo tres de cada diez casos denunciados llega a juicio.

Pérez Molina sólo estaría cuatro meses en el poder de los posibles siguientes dos años de vigencia de la comisión, pero si acaba con el mandato (que caduca en agosto) le hace un daño al país (y a la región) que se extenderá durante años. Por desdicha, en el mundo transnacional de hoy, el problema de uno es el problema de todos.

La impunidad estimula el crimen (porque los criminales se sienten intocables) y es una luz verde a la corrupción. Este es un pésimo combo en un país que sirve de bisagra para organizaciones de trasiego de drogas, armas y dinero ilícito entre Norte, Centro y Sudamérica. Por ejemplo, información extraoficial da cuenta de que las pandillas de Honduras y El Salvador llegan hasta la misma capital de Guatemala, para comprar armas de fuego. Además, toneladas de droga acaban en EE.UU. (donde satisfacen una demanda y estimulan una serie de delitos) porque viajan sobre las ruedas de la impunidad y la corrupción en Centroamérica, México y EE.UU.

Por eso a EE.UU. le debe importar que la CICIG continúe en Guatemala. La Comisión no es una varita mágica, pero le abrió los ojos a los guatemaltecos (que quieren ver) al caldo de cultivo en el que nadamos. Es difícil medir la efectividad de la CICIG cuando sus victorias son agridulces: desbaratar poderes paralelos incrustados en el Estado equivale a luchar contra varios monstruos de múltiples cabezas. Y en esta batalla, la CICIG tiene un aliado que el poder Ejecutivo y algunos gobiernos municipales tratan de neutralizar: la prensa. Y peor aún; procuran blindarse burdamente.

A finales de marzo el gobierno creó la Fundación Contra el Terrorismo Mediático, que entre sus estatutos incluye la protección de instituciones públicas y privadas ante información en los medios de comunicación que atente contra su dignidad (¿?).

A la vez, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla perjura que los periodistas en Mazatenango tienen protección, cuando diversos organizaciones locales no gubernamentales han comprobado que están tan desprotegidos como antes de los asesinatos de tres periodistas el pasado 10 y 13 de marzo. Uno de ellos, por cierto, investigaba un posible caso de lavado de dinero en una municipalidad local.

El gobierno también actúa con parsimonia para activar el programa de protección a los periodistas. También preocupa que surjan datos que apuntan a la infiltración de organizaciones periodísticas por medio de comunicadores que falsamente se abrogan la representación del gremio. Como corolario, sólo cuatro fiscales investigan las denuncias de ataques o amenazas contra periodistas que suman 110 casos, entre 2014 y la fecha.

Para EE.UU., fuera de la información oficial (y dudosa) que el gobierno de Guatemala ofrece, y la perspectiva de la CICIG, sus únicos ojos y oídos desde las trincheras es la prensa—como en El Salvador y Honduras. Si se calla a la prensa, se calla el derecho de los demás a conocer la realidad, incluyendo el de aquellos en el extranjero que donan plata, y de los ciudadanos que la aportan, con los impuestos que pagan al gobierno cooperante.

Está visto que a los gobiernos centroamericanos les interesan mucho los fondos de EE.UU. Basta ver la fotografía del presidente guatemalteco y de su homólogo de Honduras, Juan Hernández, casi saboreándose mientras observaban al vicepresidente de EE.UU. Joe Biden firmar el acuerdo para apoyar el plan Alianza Para la Prosperidad, que (por medio de los fondos ofrecidos) perseguirá el desarrollo socioeconómico y de seguridad para reducir la migración centroamericana hacia EE.UU.

Ahora, ¿por qué les interesa ese dinero? Múltiples razones. Pero está claro que para algunos alcaldes, o candidatos al puesto, la voracidad por llegar al cargo público obedece a que ven al erario público (y a los préstamos o donaciones del extranjero) como un botín. Por eso importan tanto el rol de “policía malo” que ejerza EE.UU. para que los compromisos que la región asuma no sean de “diente a labio”, sino a largo plazo. Estos gobiernos ya tienen una historia de decir “sí, sí, sí lo voy a hacer”, y a la vuelta de la esquina todo resulta una farsa. Si lo hacen con sus propios ciudadanos, ¿qué le garantiza a EE.UU. que no lo hagan con su gobierno? Es lamentable decirlo, pero hay funcionarios centroamericanos que necesitan ser espoleados.