Analistas piden a la sociedad vigilar Ley Anticorrupción en México

México.-  En su discurso para promulgar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el presidente Enrique Peña Nieto lo presentó como velador de “la honradez”, “la lealtad” y “la imparcialidad”, pero los activistas a favor de la transparencia y auditores hicieron un llamado a “no cantar victoria” y estar atento con las leyes para regularlo.

“Una de las condiciones para que el SNA funcione adecuadamente es propiciar que la sociedad asuma una posición de vigilancia”, dijo el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. “El éxito definitivo de este proyecto está en función de las leyes secundarias”.

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Una vez promulgado el SNA, el Congreso de la Unión tendrá un año para realizar el reglamento que hará posible el funcionamiento, por, ahora, el sistema sólo cuenta con lineamientos generales.

Por ejemplo, se sabe que contará con una coordinación de fiscalización y un comité que integrará a las ocho instituciones que actualmente “combaten” con pocos dientes la corrupción de los funcionarios públicos. En cambio, el SNA podrá vigilar el destino de los dineros federales que reciben los estados y municipios, las deudas públicas y los fideicomisod públicos y privados.

“Es un buen punto de arranque”, consideró Miguel Ángel Gutiérrez, de la Red de Rendición de Cuentas (RRC). “Falta que en la elaboración de leyes se logre controlar internamente a las dependencias federales, modificar el servicio de carrera y capacitar a los auditores con las mejores prácticas internacionales”.

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De acuerdo con el analista, el SNA se enfrentará con problemas tales como el incorrecto sustento de las imputaciones, sanciones que prescriben por no presentarse a tiempo y el desconocimiento de la jurisprudencia y un indebido análisis de pruebas de los funcionarios denunciados.

El catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Max Kaiser, detalló que ahora se está “cuidando que no se hagan vacíos legales a la hora de la aplicación.

En los últimos meses, funcionarios de los más altos niveles públicos del país se han visto involucrados en escándalos de corrupción como el propio Peña en la compra de una propiedad a un empresario beneficiario de concesiones cuando el primero fue gobernador del Estado de México.

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