… Y en Veracruz, la “protectora” de periodistas se despreocupa

Desde que, en 2012, el Congreso de Veracruz creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), en esa entidad han sido asesinados cuatro periodistas, además de que se han registrado al menos 70 agresiones contra comunicadores. A esos hechos se sumaría el homicidio del fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, quien si bien fue asesinado en el Distrito Federal, durante ocho años y hasta julio pasado trabajó en Veracruz, y se encontraba en la capital del país por un exilio forzado, a causa de las amenazas e intimidaciones que había sufrido en dicho estado.

Desde que estaba en Veracruz, Espinosa Becerril había hecho públicas sus denuncias sobre el hostigamiento que vivía –y del que acusaba directamente al gobierno veracruzano, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa–, la CEAPP reaccionó ante su caso sólo hasta dos días después de su asesinato, perpetrado el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, junto con el de cuatro mujeres.

El 2 de agosto, la CEAPP se pronunció sobre el hecho, pero sólo a través de un escueto comunicado de tres párrafos. Desde entonces, ni en su página de Internet ni en su cuenta de Twitter ha hecho algún otro pronunciamiento sobre el homicidio, no obstante que el crimen ha sacudido al gremio periodístico por su posible relación con el trabajo de Espinosa Becerril y con las amenazas e intimidaciones que precedieron su muerte.

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De ese modo, mientras que organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han llamado a investigar la posible relación del crimen con el ejercicio de la libertad de expresión, la instancia encargada de proteger a los periodistas en Veracruz se limitó a condenar “enérgicamente” el asesinato del fotógrafo y exigir a las autoridades de procuración de justicia del Distrito Federal llevar a cabo, “con la debida diligencia, la investigación de los hechos para identificar a los responsables y dilucidar las circunstancias que rodearon al crimen”, sin referirse expresamente a cuáles eran esas circunstancias.

La CEAPP fue constituida el 18 de diciembre de 2012 en el seno del Congreso de Veracruz, pero a propuesta del Gobernador Duarte de Ochoa. Para ese momento, su gestión (que inició en 2010) ya sumaba nueve periodistas asesinados. En los siguientes años, con todo y que la CEAPP presumió de sentar “un precedente a nivel mundial” en la tutela del ejercicio profesional de la libertad de expresión, los homicidios de periodistas continuaron en la entidad, al igual que las denuncias de agresiones físicas y materiales, intimidaciones, hostigamientos, amenazas o ataques.

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La propia Comisión ha dado cuenta de ello en sus informes anuales de trabajo, correspondientes a los años 2013 y 2014. Según sus cifras, en esos años ocurrieron cuando menos 70 agresiones contra periodistas: 26 en 2013 (por las cuales se interpusieron sendas denuncias por la presunta comisión de delitos como daños, lesiones, amenazas y robo) y 44 en 2014 (entre ellas agresiones físicas y materiales, amenazas, intimidaciones, ataques cibernéticas y un desplazamiento forzado).

En esos informes, la CEAPP también ha presumido su trabajo, que reporta en una numeralia sobre sus acciones de prevención y protección. No obstante, eso no ha servido para que Veracruz deje de ser considerada “la entidad más letal para los periodistas”, para la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, como señaló en un comunicado en el que refería que había cuando menos 37 casos de desplazamiento forzado de periodistas de ese estado. El caso más reciente para la organización era el de Espinosa Becerril, colaborador de la revista Proceso, la agencia Cuartoscuro y la agencia AVC Noticias.

Los resultados reportados por la CEAPP en sus informes tampoco bastaron para que el fotógrafo confiara en esa instancia para solicitarle protección. Y la Comisión no hizo nada por él, lo que pudiera explicarse por sus propias limitaciones, pues de acuerdo con la ley que la rige, sólo puede otorgar medidas de atención y protección a periodistas en riesgo a petición de éstos.

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“No creo en la Ceapp”

La desconfianza de Espinosa Becerril hacia la CEAPP fue explicada por él mismo en dos entrevistas: una con la periodista Shaila Rosagel, para SinEmbargo, el 1 de julio, y otra con los periodistas Daniela Pastrana y Luis Guillermo Hernández, de la Red de Periodistas de a Pie, y que fue transmitida por Rompeviento TV el 9 de julio pasado. El fotógrafo dijo abiertamente que no confiaba en la CEAPP, como en ninguna otra institución del Estado.

Por esa falta de confianza en las instancias públicas, explicó, no interpuso denuncia alguna, aunque refirió que para entonces estaba en pláticas con el Mecanismo de Protección a Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, además de que había buscado a Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas, así como a los medios con los que trabajaba.

En la charla con este medio, espetó: “La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas no sirve de nada […]. He venido acá y me preguntan si ya me acerqué a la Comisión. No tienen idea de la corrupción que hay en esa Comisión. Yo no confío en ninguna institución del Estado, no confío en el gobierno, temo por mis compañeros, temo por mí. No es nada más Rubén, es familia, amigos, yo no quiero perjudicar a nadie más con eso”.

En la siguiente conversación, Rubén Espinosa ahondó en su razón para no creer en la CEAPP luego de que Pastrana le preguntara si había tenido alguna respuesta de alguna autoridad, político o instancia que hubiera tomado su caso, toda vez que para entonces se había hecho público su situación de desplazado a causa de las amenazas en Veracruz.

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Él nuevamente abundó en su postura respecto a la CEAPP.

“Quiero comentar que por parte de la CEAPP, que es la Comisión Estatal para la Protección y Atención a Periodistas, me hablaron tres o cuatro días después para preguntarme sobre el caso. Es decir, yo no confío en la CEAPP, lo digo abiertamente, yo no creo que funcione en realidad, creo que la gente que está ahí, a excepción de [el comisionado] Jorge Morales, por ejemplo, él sí es una persona que está muy cerca de nosotros en realidad”, expresó.

En ambas entrevistas, el fotógrafo refirió una anécdota para explicar que su falta de confianza no era sólo porque sí. Contó que luego del desalojo policial de maestros del 14 de septiembre de 2013 en Xalapa -en el que se registraron detenciones arbitrarias y agresiones a periodistas-, los policías les robaron equipo fotográfico. A un compañero fotógrafo al que policías habían agredido con toletes eléctricos, dijo, el enlace de prensa del gobierno estatal, Miguel Valera. lo llamó para ofrecerle dinero. Cuando ese fotógrafo acudió a la CEAPP, contó Espinosa, le aconsejaron que mejor aceptara el dinero y no hiciera escándalo por lo ocurrido.

“Entonces, ¿a qué grado nosotros estamos de indefensión?”, preguntó, a modo de conclusión, Rubén Espinosa.

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No fue ese el único episodio, registrado por un periodista de la entidad, sobre cómo respondía la CEAPP ante situaciones en las que se evidenciaba la vulnerabilidad de los comunicadores.

De acuerdo con una nota del reportero Noé Zavaleta, del semanario Proceso, Namiko Matzumoto Benítez, Secretaria Técnica de la CEAPP cuando ésta aún operaba como una comisión técnica, declaró poco antes de la creación formal de la Comisión que ninguno de los reporteros exiliados había solicitado apoyo por temor a desarrollar su trabajo en la entidad, sino que “se fueron porque quisieron”.

En otra ocasión, continúa la nota de Zavaleta, Mutzamoto se reunió con periodistas en el puerto de Veracruz, y pese a que la zona conturbada de esa área es la de mayor peligrosidad y vulnerabilidad para los reporteros de la nota roja y guardias nocturnas, los periodistas que cubren la fuente policiaca no fueron invitados.

En enero de este año, tras el asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez, la presidenta de la CEAPP, Benita González Morales, dijo que buscarían crear un sistema estatal de protección a periodistas.

Esa pretensión giraba en torno a tres puntos importantes: que la CEAPP pudiera actuar de oficio y no sólo a petición de parte; que pudiera tener acceso a las investigaciones ministeriales abiertas de delitos contra periodistas, cuando el periodista hubiera solicitado el acompañamiento de la Comisión; y que pudiera ordenar, y no sólo recomendar, que se abrieran procedimientos sancionatorios contra servidores públicos que agredan a periodistas.

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Sin embargo, de ese plan hasta ahora no se conoce ningún avance. De haberse concretado, quizá la CEAPP hubiera otorgado algún tipo de atención y protección a Espinosa Becerril aun sin que éste la solicitara formalmente, con todo y que su caso había sido ampliamente difundido.

En la entrevista del 9 de julio, Espinosa Becerril había declarado: “No podemos hacer menos, en esta situación, cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder”.

Presupuesto millonario

El Pleno de la CEAPP está integrado por cuatro periodistas, dos representantes de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el ejercicio periodístico, un académico representante de la comunidad universitaria y dos propietarios de medios de información. Todos ellos se desempeñan como comisionados y entre ellos eligen, de entre sus pares, a quien se desempeña como presidente. También forman parte del Pleno, con voz pero sin voto, los titulares de las dependencias responsables de la comunicación social y la procuración de justicia en el estado, además de un Secretario Ejecutivo.

Su presidenta es Benita González Morales, ex directora de noticias y conductora del Sistema Informativo Notisur, mientras que la académica Namiko Matzumoto Benítez funge como su Secretaria Técnica.

Los comisionados son Jorge Morales Vázquez, del sitio Plumas Libres; Rogelio Pano Rebolledo, de Telever; Martín de Jesús García Pérez; Norma Gibb Guerrero, directora y dueña del diario La Opinión, de Poza Rica; María del Roció Ojeda Callado, directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana; Gerardo Enríquez Aburto, presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos y reportero del Diario del Istmo; y Jorge Iván García Morato, conductor y coordinador de noticias de MVS Radio Poza Rica.

Desde su creación, la CEAPP ha recibido 55 millones 100 mil pesos de presupuesto para su operación. La mayor parte de ese dinero se ha gastado en Servicios Personales, rubro que incluye los sueldos de su personal.

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En 2013 se le autorizó un presupuesto de 15 millones de pesos, de los que ejerció 14 millones 702 mil 196.83 pesos. La mayor parte (10 millones 959 mil 22.85 pesos) fueron devengados en el rubro de servicios personales. En 2014, se le aprobó un presupuesto de 20 millones de pesos, de los que se ejercieron 18 millones 567 mil 796.5 pesos. De ese monto, 15 millones 499 mil 519.12 fueron en servicios personales.

Este año se le autorizó un presupuesto de 20 millones 100 mil pesos, con 14 millones 845 mil pesos en servicios personales.

De acuerdo con la información disponible en su portal, durante 2013, en viáticos y pasajes nacionales, traslados locales y combustible y lubricantes para los servidores administrativos se gastaron 372 mil 997.75 pesos. En 2014CE, lo gastado en los mismos conceptos fue de 472 mil 495.74 pesos.

En sus informes de labores, la CEAPP ha aportados cifras sobre las acciones emprendidas en la entidad para atender y proteger a periodistas.

Durante su primer año de trabajo, refirió que llevó a cabo 115 medidas preventivas y de protección, 41 atenciones, 99 gestiones, 157 asesorías y acompañamiento jurídico y 31 talleres y cursos de capacitación. También refirió que ese año inició 20 procedimientos de protección. Dos de ellos fueron sobreseídos, pero del resto se determinó que en nueve el riesgo era alto, siete, moderado, y dos, leve. Dos se reportaron concluidos, y del resto se reportó que estaban en “seguimiento y análisis”.

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De las 115 medidas preventivas que realizó ese año, la CEAPP las clasificó como medidas “blandas” y “duras”. Entre las medidas “duras” anotó 10 casos en los que se brindó escolta de cuerpos especializados, nueve instalaciones de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad, dos chalecos balísticos y un apoyo de reubicación temporal.

En el caso de seis periodistas que sufrieron desplazamiento forzado, el organismo presumió que gracias a tu intervención, todos ellos regresaron a sus ciudades de origen.

Para el año siguiente, presumió la CEAPP; su incidencia en el estado creció en 136 por ciento. Ese año reportó 675 acciones en 92 municipios. En su numeralia destacaron las 285 medidas de protección y 159 asesorías jurídicas y acompañamientos legales, así como 90 gestiones, 71 atenciones y 70 talleres y cursos de capacitación.

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