Editorial: El Congreso ignoró la crisis de Puerto Rico

La falta de acción ante la crisis financiera perjudicará a la isla como a Estados Unidos

Editorial: El Congreso ignoró la crisis de Puerto Rico
El Congreso ignoró el pedido de auxilio para resolver la crisis fiscal en Puerto Rico.
Foto: Joe Raedle / Getty Images

Puerto Rico enfrenta un invierno difícil. No es una cuestión de clima sino de economía ante el acuerdo presupuestario logrado en Washington, que ignora olímpicamente la grave situación financiera por la que pasa la isla.

El Congreso federal tuvo en sus manos la posibilidad de ayudar a Puerto Rico, que enfrenta una crisis de pago de 72 mil millones de dólares y un vencimiento de bonos de casi mil millones  que debe pagar para principio del año que viene. La situación es crítica con la posibilidad de causar un importante perjuicio para los inversionistas, privados, institucionales y gubernamentales en Estados Unidos, que compraron bonos aprovechando los beneficios impositivos.

El presupuesto aprobado, que supera el billón de dólares, no ignoró totalmente a Puerto Rico. Se colocaron dos medidas que rectifican el desembolso que recibe la isla en cuanto a Medicare y a pagos adicionales en el sector médico por el uso de archivos electrónicos. Está bien, pero esto no hace nada por remediar la crisis actual de falta de fondos.

El gran problema es que Puerto Rico, a diferencia de Estados y ciudades, no puede acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota que le permita una protección contra los acreedores mientras se reorganiza. Hasta 1984 la isla tenía esa opción al establecerse en la Ley de Bancarrota de 1898 en la que, cuando se habla de “Estado”, se “incluye Alaska, Hawaii, Puerto Rico y el Distrito de Columbia.” En 1978, en lo que se atribuye como un error, en una media de bancarrota -que fue finalmente aprobada seis años más tarde- se estableció que la definición de Estado seguía en vigor, excepto para acogerse al Capítulo 9.

El Congreso pudo corregir ahora la definición de Estado ya que no lo hizo antes. Eso es lo quieren los demócratas, pero no hay urgencia republicana en este tema por considerarlo como un problema causado por permisivas políticas económicas demócratas. En el Senado republicano se quiere una supervisión estadounidense del presupuesto puertorriqueño como condición para dar fondos y en la Cámara Baja no hay nada hasta el primer trimestre del 2016.

La meta es que Puerto Rico pueda cumplir con sus pagos, para ello necesita el instrumento legal como la Ley de Bancarrota. Cuanto más se demore esta solución peor será la consecuencia para puertorriqueños y estadounidenses.