Administración Trump acelera revocación de ciudadanía y apunta a cientos de personas
El DOJ busca ampliar la desnaturalización con cientos de casos y genera inquietud entre ciudadanos naturalizados
El gobierno estadounidense busca ampliar los procesos para revocar la ciudadanía a personas que la obtuvieron por fraude. Crédito: Phelan M. Ebenhack | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) ha puesto en marcha una estrategia para acelerar los procesos de revocación de ciudadanía, con al menos 384 personas identificadas como posibles objetivos en una primera fase. La medida, revelada por The New York Times, marca un giro relevante en la política migratoria al ampliar el uso de la desnaturalización, una práctica históricamente poco frecuente.
Según informó gente familiarizada con el tema, el plan contempla asignar estos casos a fiscales de 39 oficinas regionales en todo el país, en lugar de concentrarlos únicamente en especialistas de litigio migratorio. Con ello, las autoridades buscan agilizar procedimientos que suelen ser complejos y prolongados.
La legislación estadounidense permite retirar la ciudadanía a personas que la hayan obtenido mediante fraude, como matrimonios simulados o la omisión de antecedentes relevantes. También puede aplicarse en casos vinculados a ciertos delitos. Sin embargo, el estándar legal es elevado.
“Para la revocación civil de la naturalización, la carga de la prueba exige evidencia clara, convincente e inequívoca que no deje lugar a dudas sobre el asunto”, declaró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos en su sitio web.
Aumento inusual de casos
El portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Tragesser, confirmó que se trata del mayor volumen de remisiones en la historia reciente. “Estamos procesando el mayor número de casos de revocación de naturalización jamás registrado”, afirmó.
Desde la Casa Blanca, la vocera Abigail Jackson defendió la iniciativa: “El fraude en la obtención de la ciudadanía es un delito grave; quienes hayan engañado al sistema rendirán cuentas ante la justicia”.
No es la primera vez que se detectan irregularidades en procesos de naturalización. Un informe de 2017 del inspector general del DHS reveló que, tras digitalizar antiguas huellas dactilares registradas en papel, se identificó a más de 800 personas que habían obtenido la ciudadanía estadounidense pese a haber sido deportadas previamente bajo identidades distintas.
No obstante, especialistas advierten que el alcance del plan podría tener efectos más amplios. Amanda Frost, profesora de derecho en la Universidad de Virginia, señaló que el mensaje es delicado: “Sugiere que los ciudadanos naturalizados no tienen la misma estabilidad que los nacidos en el país” y agregó que “el gobierno ha utilizado este poder en el pasado para atacar a quienes considera opositores políticos”.
Contexto y cifras
Históricamente, los casos de desnaturalización han sido limitados. Entre 1990 y 2017 se registraron poco más de 300 procesos, un promedio de apenas 11 por año. En contraste, entre 2017 y años recientes la cifra superó los 120 casos, reflejando un incremento sostenido.
El nuevo enfoque podría multiplicar esos números. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha remitido más de 200 casos mensuales al DOJ en los últimos meses.
Este endurecimiento se da en un contexto en el que más de 818 mil inmigrantes obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2024, tras cumplir con un proceso riguroso que incluye verificación de antecedentes, pruebas de idioma y conocimientos cívicos.
Algunos acceden a la naturalización mediante matrimonio con ciudadanos estadounidenses después de tres años, mientras que otros lo hacen tras mantener la residencia permanente (Green Card) durante al menos cinco. En todos los casos, el proceso culmina con la aprobación de exámenes de educación cívica e inglés.
Aunque el gobierno insiste en que la medida busca combatir el fraude, críticos temen que el uso ampliado de la desnaturalización genere incertidumbre entre millones de ciudadanos naturalizados.
Además, la reasignación de recursos hacia estos casos podría afectar otras áreas clave, como la persecución de fraudes financieros o la defensa de derechos civiles.
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