Unos 10.000 menores son víctimas de explotación sexual en Perú

Son datos ofrecidos hoy por la ONG Capital Humano y Social Alternativo que ha puesto en marcha una campaña titulada "Cárcel" para disuadir el turismo sexual

Vista de unos paneles con imágenes en contra de la explotación sexual infantil, colocados por la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo).

Vista de unos paneles con imágenes en contra de la explotación sexual infantil, colocados por la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo). Crédito: Ernesto Arias | EFE

Unos 10.000 menores son víctimas de explotación sexual infantil en Perú, según la estimación ofrecida hoy por la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) durante el lanzamiento de una campaña publicitaria en Lima para disuadir el turismo sexual de menores en la capital peruana.

La campaña, titulada “Cárcel”, es una iniciativa del movimiento Vuela Libre y advierte de las sanciones que conlleva la explotación y el abuso sexual de menores en Perú, penado con hasta 35 años de prisión.

La iniciativa lleva como lemas “aquí se castiga la explotación sexual infantil” y “tener sexo con menores de edad se paga con cárcel“.

Los paneles publicitarios, con imágenes de hombres encarcelados, fueron presentados hoy en el parque Kennedy de Miraflores, donde se centrará la campaña por ser uno de los puntos de mayor concentración de visitantes de Lima, con un tránsito de 68.000 turistas en 2015, de los que 46.000 fueron extranjeros y 22.000 peruanos.

También se instalarán paneles en el aeropuerto Jorgé Chávez de Lima, además de distribuirse 15.000 postales en establecimientos comerciales y 8.000 dípticos en puntos de información turística de Miraflores, explicó el director de CHS Alternativo, Ricardo Valdés.

Valdés comentó a Efe que la campaña comenzó el pasado julio en Iquitos, capital de la región amazónica de Loreto, pero la ampliaron a Lima porque una encuesta encargada a la empresa GfK reveló que el 86 % de los limeños ve frecuente o muy frecuente la explotación sexual a menores.

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Sin embargo, apenas el 9 % sabe de alguien que fue castigado por este delito porque, en efecto, apenas 30 de los 811 casos documentados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre 2011 y 2013 llegaron al Poder Judicial”, indicó Valdés.

Además de Valdés, en el lanzamiento también participó el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Perú, José Iván Dávalos, la ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, y el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz.

Dávalos señaló a Efe que Perú está entre los seis países más afectados por la explotación sexual de menores y consideró “muy importante” que se comience a dar visibilidad y sensibilizar a la población sobre el problema.

El jefe de la misión de la OIM afirmó que se trata de un flagelo y un problema nacional que requiere de medidas al mismo nivel nacional, porque “podemos tener vecinos que sin saberlo son tratantes”.

La ministra Silva comentó a Efe que la campaña está pensada para que tenga un alcance nacional y adelantó que ya trabajan para lanzarla también en Cuzco, en colaboración con el gobierno regional y los municipios locales.

“Creo que los números de la campaña nos darán la razón a la larga, porque apela tanto al turista como al residente a mirar, sensibilizarse y denunciar”, añadió Silva.

Eduardo Vega advirtió durante la presentación que “pese a los esfuerzos frente a esta lacra, la explotación sexual de menores todavía se está extendiendo en el país“.

El Defensor del Pueblo recordó la presunta red de prostitución de menores desarticulada en diciembre en Lima y supuestamente liderada por el estadounidense David Brown, “que durante 12 años funcionó sin mayor problema, ofreciendo a extranjeros los servicios sexuales de menores con tarifas que fluctuaban entre los 500 y 1.000 dólares”.

“Nos debe preocupar aún más la posibilidad de que existan otras organizaciones y personas que actúan en esta tarea de manera libre e impune”, dijo Vega.

El Defensor del Pueblo solicitó a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial “tomar medidas urgentes que garanticen una actuación conjunta y efectiva para romper el círculo de impunidad de este crimen”, y consideró “indispensable” incrementar las penas de la explotación sexual infantil.

Fernando Gimeno

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