Demandan al Estado por supuesta negligencia en caso Exide

Se estima que unas 200,000 personas en Vernon, Boyle Heights, Commerce, Este de Los Ángeles, Maywood y Huntington Park han sido afectadas por el legado contaminante de Exide
Demandan al Estado por supuesta negligencia en caso Exide
La intervención tardía e insuficiente en el polémico caso de Exide, que expulsó plomo a la comunidad vecina durante décadas, es una de las críticas al Departamento de Control de Sustancias Tóxicas.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

La supuesta negligencia del gobierno estatal en la masiva contaminación de la planta de baterías Exide, que operó por más de 30 años a pesar de sólo tener un permiso provisional y de numerosas violaciones, es el motivo de una demanda que se interpuso en la Corte Superior de Los Ángeles.

Detrás de la querella están varios residentes que viven cerca de las instalaciones de Exide, en la ciudad de Vernon, quienes alegan que el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC) no tomó las medidas suficientes para protegerlos de la contaminación del agua y suelo.

Tantas como 10,000 casas y propiedades han sido afectadas por los residuos tóxicos de Exide, que por 33 años procesó alrededor de 25,000 baterías al día aunque no contaba con un permiso completo y recibió más de 100 violaciones por fugas de plomo, ácido y otros materiales tóxicos.

“Los acusados [DTSC] debieron haber sabido que ellos [Exide] fallaron en utilizar un grado razonable de cuidado en su implementación, regulación y aplicación de varios estatutos […] lo que causó y sigue causando que el agua subterránea, el suelo, el subsuelo y el medio ambiente que rodean la planta estén contaminados con sustancias peligrosas y/o tóxicas”, indica la demanda.

La Opinión solicitó un comentario al DTSC sobre este proceso legal, pero no obtuvo respuesta.

Gloria Robles muestra el jardin de su casa, cuyo pasto sera reemplazado por tierra nueva luego de encontrar niveles de plomo muy alto en el terreno. /ARACELI MARTINEZ ORTEGA
Gloria Robles muestra el jardin de su casa, cuyo pasto sera reemplazado por tierra nueva luego de encontrar niveles de plomo muy alto en el terreno. (Araceli Martínez Ortega/La Opinión)

La dependencia, según la querella, debió haber sabido que la compañía emitió residuos tóxicos, pero en cambio le permitió “operar continuamente y contaminar bajo un permiso temporal expirado”.

Todo esto ha provocado una presunta devaluación del valor de las propiedades en la zona, agrega la demanda, que busca una compensación monetaria no especificada por los daños causados.

Se estima que unas 200,000 personas en Vernon, Boyle Heights, Commerce, Este de Los Ángeles, Maywood y Huntington Park han sido afectadas por el legado contaminante de Exide.

La semana pasada, el gobernador Jerry Brown propuso un plan de 176.6 millones de dólares para analizar y limpiar con celeridad las casas, escuelas, guarderías y parques que contaminó la planta.

Las autoridades han pedido a los residentes en esa zona, dentro de un radio de 1.7 millas, que no permitan que sus hijos jueguen con la tierra de jardines y parques para evitar graves consecuencias.

Residentes, activistas y funcionarios reclamaron que Brown prestó más atención a la masiva fuga de gas natural en el afluente y mayormente anglosajón barrio de Porter Ranch, que resolvió en poco tiempo.

El Departamento estatal de Control de Sustancias Tóxicas recibió en agosto pasado un fondo de $7.7 millones para examinar 1,500 propiedades y limpiar 50 casas contaminadas por Exide. A la fecha, la agencia ha eliminado más de 10,000 toneladas de tierra contaminada y ha analizado más de 20,000 muestras en cientos de propiedades.

La nueva inversión permitirá identificar la fuente de la contaminación para mantener a raya a Exide y otras plantas que manejan sustancias tóxicas en la region.

Buscan compensación

La demanda alega que como resultado de los tóxicos que emanaban de la planta Exide, sus residencias ahora están tan contaminadas con sustancias peligrosas que el valor de su propiedad se ha devaluado sustancialmente.

La querella busca una compensación no específica por parte de las autoridades.

El año pasado, las autoridades estatales empezaron la remoción de tierra y jardines de cientos de viviendas aledañas a la planta de reciclaje.

Estos trabajos todavía continúan.