“Investiguen a la empresa, no al activista”
Gustavo Castro se encontraba alojado en la vivienda de la dirigente indígena, cuando la mujer fue asesinada mientras dormía
Gustavo Castro Soto, activista mexicano quien ahora se encuentra detenido ilegalmente en Honduras. Crédito: Foto: Artículo 19
MÉXICO – La organización Otros Mundos Chiapas que preside el ambientalista Gustavo Castro repudió este martes la decisión de la Fiscalía General de Honduras de retener 30 días más en su territorio al activista, quien es el único testigo del asesinato de la defensora de los derechos indígenas en Honduras, Berta Cáceres.
“Cada día que pasa se extiende más su estancia en Honduras, no hay claridad en el procedimiento a seguir”, dijo Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos con sede en San Cristóbal de las Casas desde donde se dirige la defensa del ambientalista.
Castro se encontraba alojado en la vivienda de la dirigente indígena, en La Esperanza, la noche del pasado 3 de marzo, cuando la mujer fue asesinada mientras dormía. Él había asistido a una reunión local de ambientalistas y pernoctaba en el lugar donde resultó herido.
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ACCIÓN URGENTE: REPUDIAMOS LA RETENCIÓN DE #GUSTAVOCASTRO 30 DÍAS MÁS EN #HONDURAS https://t.co/bvkWzY0Rt5 pic.twitter.com/IvOu1YyW2A
— Otros Mundos Chiapas (@OtrosMundosChia) 8 de marzo de 2016
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Las autoridades hondureñas lo detuvieron horas después para su declaración tras emitir una alerta de viaje y evitar su salida del país. El ambientalista teme por su vida y su organización exigió su liberación inmediata.
“Repudiamos la decisión de retenerlo 30 días más”, argumentó en un comunicado a la prensa en el que calificó la orden como “injustificada e innecesaria” ya que Gustavo Castro “ha aportado la información suficiente” a la fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.
Por otro lado, cuestionó la falta de investigación a la empresa Desarrollos Energéticos a la cual se opuso Cáceres como líder del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Gualcarque por no realizar consultas a las comunidades como lo ordena el convenido 169 de la OIT del que el país es signatario.
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En una carta escrita previamente, Castro dejó entrever que la fiscalía podría enfocar su investigación a un mero robo o crimen pasional para minimizar el caso, pero la autoridad hondureña no ha dado su versión de los hechos.
Mientras tanto, la organización civil Moviemiento M4 inició una campaña en redes sociales para solicitar el envío de cartas a las embajadas de Honduras en todo el mundo para pedir “la liberación” de Castro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó el martes al gobierno mexicano “el mayor nivel de defensa” para el activista.
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