Grupo Independiente de Derechos Humanos iniciará estudio para ayudar a familiares de estudiantes de Ayotzinapa

Con esta investigación se pretende brindar apoyo a los familiares de las víctimas de este caso.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, emitió un comunicado para informar sobre esta nueva investigación.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, emitió un comunicado para informar sobre esta nueva investigación. Crédito: EFE

Un equipo independiente realizará un diagnóstico de impacto psicosocial en las víctimas de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, informó la Secretaría de Gobernación de México.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó la elaboración de un diagnóstico de impacto psicosocial por parte de un equipo de profesionales independientes.

Este diagnóstico incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias, precisó Campa en un comunicado.

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“Se ha acordado que un equipo independiente realice el diagnóstico y el Gobierno se compromete a aceptarlo”, añadió.

Con base en el diagnóstico, el Estado elaborará un plan de atención y reparación integral que será consultado con las víctimas y sus representantes.

En el texto, el subsecretario subrayó que, por mandato de Ley, el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.

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“La reparación prevista en la ley debe ser integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”, expuso.

Agregó que dicha reparación integral del daño es mucho más que el pago de una compensación, y “debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.

“No se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque se determinarán a partir del diagnóstico antes mencionado. Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, puntualizó.

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El pasado 28 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) anunció el inicio de un nuevo estudio de la dinámica del fuego en el basurero donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos.

La PGR indicó en un comunicado que participarán en el estudio “especialistas internacionales y de México, con una reconocida trayectoria académica y profesional en la materia”.

“Al término del estudio, que ya está en desarrollo, los expertos entregarán a la PGR y al Grupo Interdisciplinario (de la CIDH) un informe conclusivo por consenso, que deberá ser entregado antes del 31 de marzo”, explicó la institución mexicana.

De acuerdo con la versión oficial vigente, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos en 26 de septiembre de 2014 por policías municipales en Iguala, estado sureño de Guerrero, y entregados a miembros de un grupo criminal que los asesinaron y quemaron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.

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Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario, designado por la CIDH para ayudar en las pesquisas del caso, concluyó en septiembre pasado que no hay evidencias que apoyen la hipótesis de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero. El Equipo Argentino de Antropología Forense, que asiste a los familiares de las víctimas, llegó a la misma conclusión en febrero pasado.

Además de los 43 desaparecidos, en los hechos hubo seis muertos y una veintena de heridos.

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