Lucha contra el narcotráfico: por qué no funciona

El 27 de marzo salió desde San Pedro Sula, Honduras, la “Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia” para exigir una reflexión de la política antidroga y sus efectos mortales. La caravana llegará a Nueva York el 18 de abril. Un día después comienza la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) que, tras 18 años, discutirá de nuevo la política de drogas.

Ted Lewis, de la organización Global Exchange, que organizó la caravana, le dijo a Pie de Página de México que la actividad “puede ser una oportunidad [?] para revisar y reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para el control de drogas”. Global Exchange quiere promover este diálogo en la sociedad civil en Honduras, El Salvador, Guatemala, México y en EE.UU., especialmente en las vísperas de las próximas elecciones presidenciales en este país.

Global Exchange afirma que la guerra contra las drogas ha dejado “miles de muertos, desplazados, detenidos, y desaparecidos”. Es cierto. Pero el causante real es la corrupción de funcionarios públicos desde las filas policiales y militares hasta el escritorio de un ministro, o quizá más arriba. Esto es lo que hace la guerra contra las drogas inefectiva, además mortal. Por algo, el Departamento de Estado estima que el 90% de la droga enviada a EE.UU. desde Sudamérica pasa por Centroamérica. Semejante inefectividad ha sido el argumento base de quienes apoyan la legalización de las drogas, pero esta ruta no ataca la raíz del problema.

El combate a la narcoactividad es necesario, PERO en manos de fuerzas de seguridad profesionales e incorrumpibles por el narcotráfico. La despenalización no reducirá la violencia en Guatemala, Honduras, y El Salvador, porque esa violencia es multicausal. Proviene de los abusos de las autoridades contra la población civil, y principalmente de los criminales: las pandillas, extorsionistas, secuestradores, asaltantes, etc. Detener la guerra antinarcótica no reducirá la violencia de otros grupos criminales, especialmente las pandillas, porque su principal fuente de ingreso son las extorsiones (sobre el narcomenudeo) en las zonas urbanas más grandes.

Parte del problema radica en que las fuerzas de seguridad, policiales y/o militares operan en países con un pasado (y a veces presente) de represión política, gobiernos autoritarios y violación de derechos humanos, donde la profesionalización no es prioritaria, y la norma no es la seguridad ciudadana con observancia de los derechos humanos—al menos no en la práctica. Esta tendencia contribuye a la impunidad en la lucha antinarcótica, y en cualquier contexto delictivo o criminal.

Este contexto lo comparten México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por algo en Honduras, la reforma policial no termina de despegar ni dar resultados. En Guatemala, según lo dijo la activista de derechos humanos Helen Mack, “la policía es la Cenicienta del Estado”. No es secreto que algunos policías hasta tienen que pagar con su propio dinero la gasolina de las autopatrullas porque el Ministerio de Gobernación no tiene fondos suficientes—una vergüenza y una secuela de la corrupción.

Todos los años, los países de la región están en el 30% de países percibidos como más corruptos en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Si la voluntad política le ganara el pulso a la corrupción, quizá el combate a la violencia tendría tener algún resultado a largo plazo, y en particular, la lucha contra el narcotráfico.

En Guatemala, ha sido determinante la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la lucha contra la corrupción. Pero el país todavía intenta dejar atrás los malos y viejos hábitos de su policía y fuerzas militares. Ojalá Honduras tenga una experiencia mejor con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH) y la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

Entonces, la discusión acerca de los efectos de la lucha contra las drogas también debe implicar exigir a los gobiernos una lucha paralela contra la corrupción, y la garantía de fuerzas de seguridad profesionales y confiables. En México y Centroamérica, la corrupción y la falta de voluntad política también han costado miles de vidas, y son las que hacen a los narcotraficantes y las pandillas tan letales.