Indocumentada a la Corte Suprema: “Sólo quiero superarme para darle mejor vida a mis hijos”

El próximo lunes, los jueces de la Corte Suprema de la Nación escucharán los argumentos a favor y en contra de permitir que millones de indocumentados puedan obtener un permiso de trabajo y estar en el país sin miedo a la deportación.

Pero además de considerar a abogados, organizaciones y otros interesados, particularmente al gobierno estatal de Texas, que presentó la demanda original, los jueces escucharán también el ruego de tres madres indocumentadas, residentes del sur de ese estado.

Entre ellas está “Jane Doe 2” (seudónimo para proteger su identidad), una michoacana que llegó aquí hace 13 años cuando tenía apenas 14 y hoy vive y trabaja, sin poder salir del Valle del Rio Grande, porque el área está rodeada de garitas o “check points” migratorios.

“Tengo dos hijos, el mayor tiene 7 años y está en segundo grado de primaria, mi hija tiene 5 años y está en prekinder”, cuenta la joven, que ahora cuenta con 27 años, en una entrevista telefónica desde las oficinas de MALDEF en McAllen.

Aparte de sus dos hijos, cuida de su mamá que tiene enfermedad de Alzheimers, pero también tiene aspiraciones de mejorar.

“Yo estoy sacando mi GED y de ahí aspiro a tomar clases de administración para trabajar en una oficina”, explica. “Lo primero que haría de lograr DAPA sería buscar un mejor trabajo”.

“Yo lo que quiero es ganar más, superarme, para darle mejor vida a mis hijos”, sentencia.

No es la única de su familia en esta situación. “Muchos familiares y conocidos” calificarían y podrían beneficiarse si la Corte Suprema permite que se implemente el Programa de Acción Diferida para Padres (DAPA), creado por acción ejecutiva del Presidente Barack Obama a finales de 2014.

La joven está recién separada de su esposo, papá de sus dos hijos. Eso complica su situación económica, ya que “ahora sólo me pasa parte de lo que gana”.

Vivir indocumentado en el sur de Texas no es fácil, cuenta.

“La vida es complicada y de por sí estar ilegal lo es más. Ya tengo 10 años viviendo ilegalmente y es vivir con el miedo, vivo en la frontera, cualquier rato puede llegar inmigración”, comenta.

Ni siquiera puede volar a DC donde está la Corte Suprema. “No puedo salir del Valle”, apunta. “No puedo tomar un avión”.

Pero eso no impide que ahora Jane Doe 2 sea, junto con otras dos madres, la voz de millones de personas que, como ellas, esperan que sus vidas tengan importancia para los jueces de la Corte Suprema.

MALDEF, la Fundación Mexico Americana para la Defensa Legal y Educación, presentó batalla en los tribunales para lograr la intervención de las tres mujeres indocumentadas, que fue aceptada por el Quinto Circuito luego de ser rechazada por la corte inferior.

El caso de “Jane Doe 2” (un seudónimo para mantener en secreto su identidad), es representativo de muchos padres y madres que esperan ansiosos la decisión de la corte,  dijeron abogados.

Nina Perales, vice presidenta de litigación del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal (MALDEF) dijo que la organización representó a las tres mujeres elegibles para DAPA, madres de ciudadanos y cuyo historial limpio y dedicación a su comunidad son “representativos de tantos inmigrantes”.

“Estas mamás tienen una perspectiva única, quieren tener DAPA porque desean estar con sus hijos en Estados Unidos, desean tener un permiso de trabajo para ayudar a apoyar a sus familias, tienen objetivos muy urgentes y personales que no tienen otros interventores en este caso”, dijo Perales.

La implementación este y otro programa para expandir la acción diferida para jóvenes (DACA Plus) están en vilo desde que Texas y otros 25 estados del país demandaron en contra de la acción diferida del presidente.  Se calcula que hasta 5 millones de personas podrían beneficiarse.