Enfrentan años en prisión por usar el seguro social de familiares difuntos

Un total de 22 personas fueron detenidas en Los Ángeles por cometer fraude y recibir más de $400,000 usando los datos de forma ilegal
Enfrentan años en prisión por usar el seguro social de familiares difuntos
En los negocios clandestinos se producían documentos migratorios y de identificación falsos.
Foto: Archivo/La Opinión

Un sargento del Sheriff angelino y una empleada federal se encuentran entre las 22 personas acusadas por defraudar a la Administración del Seguro Social por una pérdida acumulada de $2.6 millones, sobre todo por recibir beneficios de esa agencia en nombre de familiares que habían fallecido.

Las cantidades que los acusados habrían tomado indebidamente del gobierno federal van de $25,000 a más de $400,000 y todos enfrentan cargos por robo de propiedad del gobierno, que conlleva a una sentencia máxima de cinco años en prisión federal, aunque algunos están acusados por otros delitos.

Dichos cargos se dieron a conocer este lunes, unas horas después del arresto de Daysi Salazar-Arias, una empleada de la Administración del Seguro Social, a quien acusan de apropiarse de recursos de la agencia y aparentar que ese dinero se enviaba a beneficiarios legítimos, uno de los cuales había fallecido.

Salazar-Arias, de 38 años y residente de Thousand Oaks, enfrenta ocho cargos y fue detenida por agentes especiales de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social. Se esperaba que le instruyeran cargos la tarde del lunes en una corte federal de Los Ángeles.

Por su parte, Vicki Lynn Gregory, un sargento del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), está acusada de siete cargos graves por supuestamente recibir y gastar los Beneficios de Seguro de Viuda destinados a su madre, quien había fallecido.

 “No podemos tolerar el abuso del sistema que proporciona soporte a millones de estadounidenses honestos” – Eileen M. Decker, fiscal federal

Según la acusación, Gregory “ocultó intencionalmente la muerte de su madre […] con el fin de continuar recibiendo y gastando” unos 30,000 dólares que el gobierno federal envió a su madre muerta.

El presunto fraude más cuantioso señala a José Aguinaco Ugaldo, de 68 años y vecino de West Hills, quien supuestamente recibió ilegalmente más de 400,000 dólares. De acuerdo a la investigación, este hombre utilizó el dinero que el Seguro Social depositaba a la pensión de su padre muerto y usó la firma de la ex madrastra de su esposa para robarle sus beneficios conyugales.

Contra Ugalde pesan 16 acusaciones, incluyendo robo de identidad agravado, que conlleva a una pena obligatoria de dos años en prisión.

Entre los señalados también se encuentra Teodora Valdez Uribe, de 82 años y quien actualmente reside en México. A ella la acusan de tomar ilegalmente poco menos de 113,000 dólares.

“Programas gubernamentales como el Seguro Social proporcionan importantes beneficios a personas calificadas para que puedan tener seguridad económica”, dijo la fiscal federal Eileen M. Decker. “No podemos tolerar el abuso del sistema que proporciona soporte a millones de estadounidenses honestos, muchos de los cuales trabajaron toda su vida para recibir los beneficios del Seguro Social”, agregó.

Con excepción de Salazar-Arias y de Uribe, que se encuentra en México, los acusados recibirán citaciones para presentarse a la lectura de cargos en una corte federal en mayo.

Las autoridades piden al público que denuncie sospechas de fraude a la Administración del Seguro Social llamando a su línea especial 1-800-269-0271, donde se atiende de 7 a.m. a 1 p.m.