Editorial: La perversidad de la tortura
En México es común el uso del tormento que no ayuda a la verdad, solo es un sufrimiento inhumano
Miitares y policías federales, responsables de tortura Crédito: Imagen tomada de video
La tortura es un problema generalizado en México. Su aplicación denigra moralmente a la autoridad que recurre a ella, violenta lo más básico de los derechos humanos del detenido y pervierte la justicia porque usualmente la información obtenida por este medio es inservible.
El mejor ejemplo de la inutilidad de esta práctica y del uso perverso de ella está en el caso de Ayotzinapa. La “verdad histórica” de lo ocurrido allí que defiende el gobierno fue obtenida a fuerza de tortura, una impresión inicial que fue confirmada ahora por la revista Proceso. Los interrogadores obtuvieron un relato que fue la base de la desprestigiada versión oficial de los hechos. La Procuraduría General de la República dice ahora, a partir del reportaje, que van investigar lo que todos sabían.
El artículo 20 de la Constitución mexicana prohíbe “el tormento de cualquier especie”. Sin embargo el maltrato al sospechoso está incorporado “predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida,” según el informe del Relator Especial sobre Torturas de la ONU de 2014.
Mientras que una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) reveló que el 57% de los arrestados en centros federales dijo haber sido torturado durante su detención. El 34% dijo que lo obligaron a cambiar una declaración.
La participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico empeoró la situación de los derechos humanos, al colocar a soldados en situaciones para los cuales no están preparados. Algunos efectivos como el “Marino Loko”, humilla a los presuntos sicarios vistiéndolos de mujer, otros soldados interrogan a una sospechosa asfixiándola con una bolsa de plástico.
La popularidad de este último video condujo al arresto de quienes torturaban a la mujer y, sorprendemente, llevó a que el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales Heredia, reconocieron la impropiedad. “Procede pedir disculpas”, dijo Sales Heredia.
Importa menos una actitud caballerosa ante la sociedad, sino más dura con los torturadores.
La desatención política a este tema se refleja en la demora en el Senado de aprobar una ley contra la tortura enviada desde Los Pinos hace un tiempo. Se dice que la reacción de Sales Heredia y Cienfuego es “un paso positivo” porque reconocen finalmente una falta. Habrá que convencer que ese “paso” es para un cambio y no para neutralizar críticas de manera que todo siga igual.
