6 interrogantes que dejan los expertos de Ayotzinapa al marcharse de México

La investigación de expertos internacionales en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa deja varios temas pendientes. Los expertos dejan el país sin resolver estas seis preguntas que BBC Mundo le presenta
6 interrogantes que dejan los expertos de Ayotzinapa al marcharse de México
Los expertos del GIEI se marchan de México este 30 de abril.
Foto: YURI CORTEZ/AFP / Getty Images)

Este 30 de abril concluye el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), responsable de supervisar la investigación del llamado caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos.

Los seis expertos que lo integran abandonan el país en medio de una intensa polémica, ante la decisión del gobierno mexicano de no extender más el período de estancia del grupo.

Organizaciones civiles e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la que depende el GIEI, han dicho que es lamentable esta decisión.

Y es que, argumentan, no se ha cumplido el objetivo central: encontrar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Más allá de la polémica, al marcharse los expertos dejan varios temas pendientes de resolverse.

BBC Mundo le presenta seis de las grandes interrogantes sobre el caso que esperan respuesta:

¿Se incineró a los estudiantes en el basurero de Cocula?

Es uno de los temas más polémicos del caso. La tesis inicial de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), es que los 43 normalistas fueron cremados en el basurero.

Basurero de Cocula, donde la PGR dice que se incineró a los estudiantes
La PGR dice que en este basurero de Cocula, Guerrero, se incineró a los 43 estudiantes. Foto: BBC World Service

Sin embargo, el GIEI sostiene que en ese lugar no es posible incinerar a esa cantidad de personas.

Esta hipótesis fue avalada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que después de varios meses de análisis determinó que en el basurero se realizaron varios incendios grandes desde 2010.

Los peritos encontraron indicios de que al menos 17 personas fueron incineradas en el lugar, pero no existen elementos para afirmar que se trata de los estudiantes.

Un tercer peritaje sobre fuego, realizado por expertos designados por el GIEI y la PGR, coincidió con esa teoría.

La PGR señala que la investigación sigue abierta, y que no se ha descartado ninguna posibilidad sobre el destino de los normalistas.

¿Qué hizo el jefe de la investigación del caso para crear una nueva controversia?

El 28 de octubre de 2014 el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, visitó el 28 de octubre al río San Juan acompañado de Agustín García Reyes, uno de los presuntos responsables del crimen.

Tomás Zerón creó una nueva controversia en el caso Ayotzinapa. Foto: Getty
Tomás Zerón creó una nueva controversia en el caso Ayotzinapa. Foto: Getty

El sitio que recorrió el funcionario, quien es el jefe de la investigación, es el mismo donde un día después se encontraron bolsas con cenizas y restos que la PGR afirma son de los estudiantes.

En su último informe el GIEI señala que la presencia del funcionario, así como el levantamiento de muestras que se realizó en ese momento, no se integraron al expediente.

Tomás Zerón responde que su visita no fue secreta porque la atestiguaron periodistas y personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Sin embargo, la representación en México de esta oficina afirma que su personal no fue testigo de diligencia alguna.

Más allá de la polémica, los expertos advierten que Zerón no cumplió con los estándares internacionales para realizar una investigación de esta magnitud.

Desde hace 19 meses se realizan protestas por la desaparición de los estudiantes. Foto: Getty
Desde hace 19 meses se realizan protestas por la desaparición de los estudiantes. Foto: Getty

Además se pudieron violar los derechos del detenido García Reyes, quien en un video de la visita aparece con algunos golpes y atendió una diligencia oficial sin presencia de su abogado. Zerón rechaza que se hubiera torturado al presunto responsable del crimen.

Mientras, la PGR informa que su Visitaduría General investiga a los funcionarios y peritos que participaron en la diligencia del 28 de octubre.

¿Qué pasó con el quinto autobús que provocó el ataque a los normalistas?

Durante varios meses la PGR señaló que los estudiantes viajaban en cuatro autobuses que habían secuestrado.

Pero la investigación del GIEI estableció que hubo uno más al que la fiscalía no tomó en cuenta, y que a diferencia de los otros no sufrió daño alguno en el ataque.

Los expertos creen que este vehículo, el 3278 de la empresa estrella Roja, es clave para saber los motivos de la agresión.

Una de las hipótesis es que contenía droga de la banda de Guerreros Unidos, a quienes las autoridades responsabilizan de la desaparición.

Familiares de los estudiantes desaparecidos no quieren que se marche el GIEI. Foto: Getty
Familiares de los estudiantes desaparecidos no quieren que se marche el GIEI. Foto: Getty

El grupo delictivo ha sido señalado de traficar heroína desde Guerrero hasta Chicago, en Estados Unidos, a través de transportes de pasajeros.

El GIEI solicitó revisar el vehículo, pero cuando le fue presentado señalaron no era el mismo autobús utilizado por los estudiantes la noche del 26 de septiembre.

Pero la PGR afirma que en la unidad no encontró compartimentos para esconder narcóticos.

La ruta que cubría no llega a Estados Unidos, por lo que de acuerdo con la fiscalía es imposible que se utilizara para el tráfico de heroína.

¿Cuál fue el papel de los militares y policías federales en el ataque?

La noche entre 26 y 27 de septiembre de 2014, varios soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, estuvieron cerca de los escenarios donde los estudiantes fueron atacados, sostiene el GIEI.

El caso más notorio fue en los alrededores del Palacio de Justicia, en las afueras de la población.

Allí, según testimonios, un oficial de inteligencia del Batallón tomó fotos del momento en que un grupo de estudiantes era detenido por policías municipales.

En ese mismo lugar aparecieron dos agentes de la Policía Federal estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Estos dos oficiales conversaron con los agentes que detuvieron a los normalistas, quienes les dijeron que los llevarían al municipio vecino de Huitzuco donde una persona identificada como “El Patrón” decidiría sobre su destino.

El gobierno mexicano no permitió a los expertos del GIEI interrogar a militares.
El gobierno mexicano no permitió a los expertos del GIEI interrogar a militares.

La CNDH señala que los agentes federales no hicieron nada para impedir el secuestro de los jóvenes, y que el tono de la conversación sugiere una eventual complicidad con los agresores.

El GIEI solicitó al gobierno mexicano que se le permitiera interrogar a los militares del Batallón, pero la solicitud no fue atendida.

La PGR argumentó que los soldados comparecieron en distintos momentos ante el Ministerio Público para presentar sus testimonios.

Pero los expertos internacionales señalan que no se les informó de los interrogatorios.

Por lo pronto, el subprocurador de Derechos Humanos de la fiscalía, Eber Betanzos, afirma que no se han encontrado evidencias que incriminen a los militares con la desaparición de estudiantes.

En el caso de los agentes federales la investigación “sigue abierta”.

¿Obstruyó el gobierno la investigación de los expertos?

Los expertos del GIEI señalan que desde enero pasado la investigación “se alentó”, y que la fiscalía no desahogó muchas de sus peticiones de diligencias y peritajes.

En otros casos se atendieron meses después de solicitadas, incluso muy cerca de la fecha en que terminó su mandato en México.

Eso impidió que el resultado de las diligencias fuera analizado o que se hiciera de manera parcial, insisten los expertos.

También señalan que la investigación se fragmentó.

A pesar de que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR es la única responsable de las pesquisas, otras áreas de la fiscalía detuvieron a personas que podrían aportar información para el caso Ayotzinapa.

Familiares de los normalistas desaparecidos exigen que se los busque con vida. Foto: Getty
Familiares de los normalistas desaparecidos exigen que se los busque con vida. Foto: Getty

El GIEI señala que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada capturó a elementos de Guerreros Unidos y su banda rival, Los Rojos, acusados de delitos distintos a la desaparición.

Esos casos se consignaron en expedientes distintos a los que no tuvieron acceso los expertos internacionales, según denuncian.

El subprocurador Eber Betanzos le dice a BBC Mundo que la investigación “no está fragmentada, porque todo el expediente se encuentra en un solo juzgado de distrito”.

Se dice extrañado por los señalamientos de obstrucción del GIEI, pues de las 941 peticiones que los expertos han realizado el 85% se cumplieron ya.

COBERTURA ESPECIAL SOBRE AYOTZINAPA

¿Quién ordenó realmente la desaparición?

Desde el inicio de la investigación la PGR acusó a la banda Guerreros Unidos de secuestrar e incinerar a los estudiantes en el basurero de Cocula.

Los principales responsables de ello serían, de acuerdo con la fiscalía, Sidronio Casarrubias Salgado y Gildardo López Astudillo, El Gil, líderes de la organización.

Pero al paso de los meses las pesquisas del GIEI revelan que existen otros personajes. Uno de ellos fue identificado recientemente por un testigo que se acercó a la CNDH, a quien llaman “El Patrón”.

Gildardo López, El Gil, exlíder de Guerreros Unidos
El Gil es uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 estudiantes.

El GIEI destaca que contra los estudiantes se estableció un amplio operativoen el que participaron policías estatales, municipales y federales.

También hubo miembros de bandas de delincuencia organizada. En algunos momentos las agresiones fueron atestiguadas por militares.

Una operación de esta envergadura, que se realizó en un área de unos 80 kilómetros cuadrados, no puede coordinarse por personajes de menor nivel, insisten los expertos.

Una de las conclusiones del Grupo es que se debe investigar en funcionarios de niveles altos algo que, dice, no han realizado las autoridades mexicanas.

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