México ante el espejo del escándalo en Brasil y la destitución de su presidenta
La corrupción de políticos y funcionarios en México y Brasil no escapa a los observadores
Dilma Rousseff. Crédito: Getty
MÉXICO.- Brasil y México pelearon codo a codo por posicionarse como la mejor economía emergente durante las dos décadas pasadas y desde que Brasil llevó a pique su economía por la corrupción de Petrobrás, su principal empresa, y otros factores, hasta la caída del pasado jueves de su presidenta Dilma Rousseff en un juicio político que México mira al margen, lejos de la crisis de su par, pero aún sin resolver sus propios demonios.
La compra turbia de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto; la mansión en Malinalco de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray; las concesiones dudosas del gobernador Rafael Moreno Valle; el lavado de dinero de los exgobernadores de Tamaulipas Eugenio Hernández y Tomás Yarrington; la compra del departamento 74B en Time Warner Center en Nueva York, del exgobernador José Murat Cassab…
Y sólo por citar algunos entre los 272 casos que involucran a mandatarios estatales, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.
De lado sur del continente, un sólo juez (Sérgio Moro) que se volvió el símbolo del sistema anticorrupción brasileño, emitió durante los últimos dos años 67 condenas contra altos políticos y empresarios involucrados en sobornos por 1700 millones de dólares que, finalmente, salpicaron a Rousseff.
La mandataria no fue destituida por corrupción, sino por la falta de popularidad derivada de esos escándalos en su partido, el PT, que capitalizó la oposición para volcar a la gente a las calles en multitudinarias marchas de indignación que llegaron a sumar hasta tres millones de manifestantes en marzo pasado.
El congreso llevó a un juicio político a la presidenta por usar préstamos de los bancos estatales para ocultar déficits en su propio presupuesto y votó por suspenderla durante 180 días mientras aclara todo. Rousseff calificó su proceso como un “golpe de Estado” y en voz de su procurador de justicia dijo que por este acto Brasil se convirtió en “la República bananera más grande del mundo”.
En México -donde nunca ha ocurrido un juicio político contra un presidente- los hechos se miran con cierta suspicacia, envidia y la doble lectura de que podría ser sano para la democracia, pero fatal para la economía.
El catedrático y analista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) observa que Brasil debería ser un ejemplo a seguir: “El juicio político ha sido muy claro y está pasando perfectamente de forma constitucional, en un proceso muy abierto que se ha seguido por todos los medios de información”.
Lo que pasó en Brasil “se da en medida que existe una fiscalía anticorrupción sin controles, aparentemente autónoma pero atada a las decisiones de los partidos opositores que se vieron con mayoría en el congreso”, observó el analista política Jorge Fernández. “Esto puede ser un peligro para cualquiera que llegue a México con un 30% de votos y sin mayoría en el legislativo”.
Lo cierto es que hoy por hoy es difícil imaginar en este país dos años de redadas contra secretarios de estado, el presidente del Banco Centra o empresarios de la talla de Carlos Slim quien es el equivalente al empresario brasileño Marcelo Odebrecht sentenciado a 19 años de prisión por sobornos.
