A pesar de protestas, ICE seguirá en la cárcel de Santa Ana hasta 2020

De nada valieron las protestas, los pedidos y los reclamos.

El Concilio de la ciudad de Santa Ana decidió este martes continuar ofreciendo 200 espacios para indocumentados detenidos por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hasta el año 2020.

El contrato entre ICE y el gobierno de Santa Ana expira el 30 de junio de ese año. Los concejales precisaron que éste no será cancelado antes, como han pedido diversas organizaciones, incluso a través de una huelga de hambre que inició desde el lunes.

El acuerdo con ICE ayuda a saldar una deuda de $24.3 millones de dólares que tiene la cárcel.

“Fue una manera un poco cobarde de dejar que siga hasta 2020, principalmente porque la comunidad ha pedido que se termine el contrato desde 2013”, dijo Carlos Perea, director del grupo Resistencia, Autonomía, Igualdad y Liderazgo (RAIZ), que aboga por los migrantes en el condado de Orange.

Dentro de la cárcel de Santa Ana opera desde 2012 una unidad para decenas de miembros de la comunidad gay (LGBT), la única de su tipo en este país, que ha sido señalada en distintas ocasiones por supuestos abusos.

Un reciente reporte de Human Rights Watch coincidió con una investigación de La Opinión que en 2015 mostró que en ese sitio presuntamente se niega atención médica, tratamiento de hormonas y se veja a los transgéneros que por meses esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo politico.

“El mensaje es que no vamos a aceptar que una ciudad con una población mayormente latina siga colaborando con ICE”, dijo Jorge Gutiérrez, organizador del grupo Familia: Trans Queer Liberation Movement y uno de los tres activistas en huelga de hambre en el centro de Santa Ana.

Por ese contrato entre ICE y dicho municipio, que inició desde 2011, actualmente hay 187 inmigrantes detenidos en un área común y 28 más en la unidad especial para transgéneros.

“ICE valora su larga relación con la Ciudad de Santa Ana y espera con interés poder continuar trabajando con líderes de la comunidad y autoridades de la cárcel para proporcionar un entorno seguro y respetuoso a los inmigrantes detenidos que están alojados en la cárcel de la ciudad”, dijo en un comunicado la agencia sobre la decisión de cancelar el acuerdo en el año 2020.

ICE aplaudió que el municipio ha procedido con un programa piloto que intenta mejorar las condiciones de los transgéneros en detención.

“Mejorarán aún más los esfuerzos de ICE para dar cabida a las necesidades únicas de personas vulnerables dentro de la población de detenidos de la agencia”, indicó.

Dicha agencia federal recalcó que su función ha sido garantizar el bienestar de sus detenidos.

Los concejales de Santa Ana optaron por mantener su relación con ese organismo, argumentando que sólo así han salido aflote de los problemas financieros que enfrenta su cárcel, reportó la prensa.

A decir de Perea, una decisión menos titubeante habría impulsado el movimiento proinmigrante en una época en que se escuchan discursos xenofóbicos.

“Nosotros abogamos para que la Ciudad de Santa Ana corte lazos con ICE porque es una ciudad simbólica, porque el 78% de su población es latina y porque todos los concejales son latinos y demócratas”, señaló el dirigente de RAIZ.

Gutiérrez, por su parte, no tiene planes de cancelar su ayuno y levantar el campamento que se instaló cerca de la polémica cárcel de Santa Ana. “Seguimos en la huelga de hambre porque estamos comprometidos a que se cancele ese contrato lo antes posible”, enfatizó.