México: Una demanda contra los dineros “desviados” a cuentas de diputados

MÉXICO – Si un asunto es tramposo y turbio en el gobierno mexicano es un presupuesto de nombre Ramo 23 sobre el que hay indicios de que los diputados podrían estar desviando recursos públicos para sus propios bolsillos –una práctica conocida como “Moches”- y a lo que quieren poner freno organizaciones de la sociedad civil (OSC) que desde hace años idean estrategias contra la corrupción.

Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), define al Ramo 23 como “la caja negra de manga ancha” a la que le meten mano los legisladores con proyectos y programas que se “inventan” extralimitando sus funciones y usurpando las del poder Ejecutivo.

Las OSC dicen que la ruindad es tal que en 2015 desviaron dineros que originalmente estaban destinados  para salud, seguridad social y educación.

Y todo con el beneplácito del presidente Enrique Peña, quien “debió  vetar el presupuesto que le entregan los diputados y no lo hizo”, agrega la abogada Edna Ríos, responsable de la estrategia legal para frenar a los “moches”.

Esta estrategia inició con un recurso de amparo ante tribunales administrativos para que un  órgano jurisdiccional defina cuáles son las facultades exactas de la Cámara de Diputados para crear fondos, programas y proyectos con recursos federales cuando no fueron propuestos por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda.

Un juez resolverá el próximo 7 de julio al respecto, pero, en caso de que rechace el amparo, las OSC ya tienen previsto pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso. “Se trata de ir acotando y acotando hasta que nuestros impuesto se vayan donde tengan que ir”, explica Enrique Cárdenas, directos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

El Ramo 23 es un concepto que creado para atender emergencias económicas, pero que no tiene reglas de operación ni es vigilado ni evaluado: todo un caldo de cultivo para la corrupción.

“El diputado crea sus propios programas, decide a quién dárselos (generalmente a sus propias empresas o socios) y los gasta sin transparencia y a su gusto”, detalla Cárdenas.

Así nadie supo en qué se gastó en 2013 el incremento del dinero contemplado para el ramo 23 que originalmente era  de alrededor de 215 millones de dólares y terminó gastando 2,600 millones de dólares , es decir ¡10 veces más!, según cálculos presentados por Edna Jaime de la organización México Evalúa.

Dos años después, en 2015, los legisladores incrementaron la partida y destinaron 680 millones de dólares a proyectos de su propia creación en el ramo 23.

Aún sin pruebas en la mano, las OSC afirman tener información de que la estrategia de desvío de dinero se replica en los congresos de todos los estados del país con la aprobación de los gobernadores a cambio de que a éstos se les deje manejar fondos discrecionales como fideicomisos o recursos etiquetados como “especiales”.