Editorial: En defensa de los niños migrantes

Juez federal incluye a miles de niños migrantes en proceso legal para otorgarles abogados

Editorial: En defensa de los niños migrantes
Familias y niños migrantes caminan en línea en el Centro de Detención de la Patrulla Fronteriza en Brownsville, Texas.
Foto: Eric Gay / Getty

Cuando el juez de inmigración, Jack Weil, declaró en una demanda que él había “literalmente enseñado ley de inmigración a (niños) de 3 y 4 años de edad” era evidente que algo estaba muy mal en el proceso por el que pasan los menores de edad que son blancos de deportación.

La afirmación realizada como testigo del gobierno por el magistrado, que está cargo de la instrucción de otros jueces, es una aberración para justificar que se puede dar una “audiencia justa y completa” ante una corte de inmigración a un menor de edad sin un abogado.

Este argumento insostenible es el que hizo que el juez federal de distrito, Thomas Zilly, expandiera hace unos días la demanda iniciada en 2014 por un puñado de menores, a miles de niños y jóvenes que viven en los estados de Washington, Oregon, California, Arizona, Nevada, Idaho, Montana, Alaska además de los territorios federales de Guam y las Islas Marianas del Norte. O sea la región que abarca el Noveno Distrito del Tribunal Federal de Apelaciones.

La demanda y la acción del juez Zilly, es consecuencia de la decisión de la administración Obama de hacer una prioridad la deportación de los menores de edad centroamericanos que llegaron huyendo de la violencia de sus países.

Los jueces de inmigración, a diferencia de un juez regular, no son independientes sino que son parte de las autoridades migratorias y quienes van ante ellos no tienen derecho a un abogado como lo tiene un sospechoso de asesinato.

Los estatutos federales de inmigración establecen una “oportunidad razonable” para que cada individuo pueda presentar pruebas e interrogar a los testigos que presente el gobierno, pero esto está muy alejado de la realidad. Los niños y jóvenes van ante estos tribunales sin hablar el idioma para defenderse de los adultos que quieren deportarlos en un procedimiento que ya es complicado para una persona común.

Es cierto que la Casa Blanca respaldó propuestas ante el Congreso para financiar abogados defensores para estos menores, que fueron rechazadas como una ayuda para los indocumentados por la mayoría republicana.

La decisión del juez tiene un alcance geográficamente limitado, pero el sumar a miles de menores de edad a la demanda, refuerza el clamor a nivel nacional para remediar esta injusticia. Para no tener que escuchar las barrabasadas del juez Weil de que se “requiere mucha paciencia” para enseñar la ley migratoria a los niños y asegurar que “ellos lo entienden”.