Exsheriff de L.A. buscaba un castigo ligero por mentir al FBI; no lo consiguió

En la siguiente audiencia programada para el 1 de agosto Baca tendría la opción de retirar su declaración de culpabilidad e ir a juicio, o intentar negociar otro acuerdo que implicaría una pena más severa
Exsheriff de L.A. buscaba un castigo ligero por mentir al FBI; no lo consiguió
El exsheriff Lee Baca anunció su jubilación en 2014 durante una investigación federal en las cárceles del condado.
Foto: Archivo / La Opinión

Una juez federal sentó hoy las bases para un castigo posiblemente más duro contra Lee Baca, exjefe del Sheriff de Los Ángeles (LASD), tras rechazar un acuerdo con la fiscalía federal que pedía hasta seis meses de prisión por la participación de éste en el caso de corrupción en cárceles del condado.

En la siguiente audiencia programada para el 1 de agosto Baca tendría la opción de retirar su declaración de culpabilidad e ir a juicio, o intentar negociar otro acuerdo que implicaría una pena más severa.

Baca esperaba recibir una condena de no más de seis meses de cárcel o de libertad condicional, bajo los términos de un acuerdo de culpabilidad y apelando a que padece la enfermedad de Alzheimer.

Quien dirigió el Sheriff angelino por más de 15 años aceptó haber mentido en una investigación federal y se sumó al caso de corrupción desde la esfera más alta en el sistema penitenciario del condado.

Más de una decena de antiguos agentes del Sheriff han sido condenados hasta el momento como resultado de una extensa investigación que comenzó hace más de cinco años por el alegato de que se golpeaba y vejaba rutinariamente a presos y visitantes en la Cárcel Central de Varones.

La defensa legal de Baca insiste en que su cliente está en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, que se manifiesta como deterioro cognitivo, por lo que pedía una sentencia mínima.

Al juez que revisa el caso, el abogado Michael Zweiback había pedido indulgencia por la salud de Baca y reducir la condena a libertad condicional que le permita revisiones médicas y tratamientos que retrasen el progreso del mal, que éste habría detectado al consultar con un médico “problemas de memoria”.

Pero la fiscalía federal no ha cambiado de parecer. El asistente de la Procuraduría federal, Brandon Fox, indicó en una carta dirigida al juez que la sentencia sería “apropiada después de tomar en cuenta todos los lados del acusado Baca, incluyendo su crimen, su salud actual y su pronóstico probable”.

Fox argumentó que el antiguo jefe del Sheriff, quien acordó no disputar la acusación de pedir a sus subordinados que intimidaran a una agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ha pensado estar por encima de la ley, por lo que buscar una condena menor mandaría un mensaje equivocado.

Pero con otros implicados la justicia no ha sido tan benévola.

Paul Tanaka, quien fuera el segundo al mando del LASD, fue sentenciado hace unos días a cinco años en una prisión federal por obstruir una investigación sobre los abusos cometidos en contra de reos.

Tanaka, de 57 años, fue acusado de dirigir una conspiración para ocultar al preso Anthony Brown después de que el LASD supo que éste era un informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Durante el juicio, Tanaka, actual alcalde de Gardena, declaró que no sabía sobre dicho encubrimiento.

Antes de que se supiera de la enfermedad de Baca, la Asociación de Agentes del Sheriff de Los Ángeles (ALADS) reclamó que el castigo que se busca para éste era menor a la que recibieron dos agentes, Joey Aguiar y Mariano Ramírez, obligados a pasar 18 y 13 meses en una prisión federal, respectivamente, por falsificar informes relacionados con un incidente de uso excesivo de la fuerza.

Según la acusación, el 11 de febrero de 2009, cuando Aguiar y Ramírez trabajaban en el pabellón de detenidos violentos o que necesitan protección especial en la Cárcel Central para Varones, éstos golpearon con puños y una linterna y rociaron gas pimienta a un hombre que sufre de esquizofrenia y otros problemas mentales.

Tras el ataque, cita la acusación federal, los uniformados trataron de encubrir lo ocurrido redactando un reporte falso que fue enviado a la Fiscalía del condado para agregar cargos a la víctima.

Hay alrededor de 18,000 presos en las siete cárceles administradas por el Sheriff angelino.

Poco después de que esta controversia fuese llevada a un tribunal federal, Baca anunció su retiro.