En Riverside educan a negocios sobre cómo enfrentar demandas de abogado litigioso

Negocios hispanos enfrentan querellas de miles de dólares por presunta discriminación de género
En Riverside educan a negocios sobre cómo enfrentar demandas de abogado litigioso
José Paniagua, dueño de Chich Hair Studio, asegura ganara el caso y si es posible contrademandara a Arias y al abogado Rogelio Morales.
Foto: Alejandro Cano / Especial para La Opinión

Omar Torres está preocupado…y esperanzado.

El dueño de la tintorería Irish Cleaners enfrenta una demanda por discriminación, una de varias que un abogado de Riverside ha presentado en contra de pequeños negocios latinos desde hace unos meses y que han sembrado temor y creado molestias para empresarios.

Torres considera que las demandas fueron entabladas premeditadamente y no tienen justificación. Él alega seguir el reglamento al pie de la letra.

En la demanda entablada por el abogado Rogelio Morales el pasado 26 de abril, un día después de que entablara una demanda contra el salón de belleza Xotic Image, el jurista exige se le indemnice a su novia, Mireya Arias, por $100,000 dólares por daños emocionales y punitivos a raíz de la supuesta discriminación.

“Si en dado caso el juez fallara a favor de él, nos veríamos en la pena de perder el salón e incluso vender nuestra casa”, dijo Torres. “Todo esto ha sido una verdadera pesadilla. En más de 25 años en el negocio jamás habíamos vivido algo así. Tengo fe que la ley estará de nuestro lado.

En la demanda entablada contra Chic Hair Studio, propiedad de José Paniagua, el pasado 5 de mayo, Morales exige la cantidad de $67,000 dólares por daños emocionales y punitivos, de los cuales 20,000 dólares fueron reducidos por un juez la semana pasada.

Estas son apenas algunas de las varias querellas que Morales ha presentado en Riverside por supuesta discriminación en contra de su novia, argumentando que negocios cobraron precios diferentes a ambos, uno por ser hombre y el otro por ser mujer.

En respuesta a esto se realizó recientemente una reunión realizada en el centro comunitario Cesar Chávez de Riverside para educar a los pequeños empresarios sobre cómo defenderse y evitar estas demandas.

“No están solos. Tienen a un ejército de profesionales cuidando su patrimonio, trabajando para ustedes. Las leyes son aprobadas para mejorar nuestras vidas pero muchas veces muchos abogados sin escrúpulos las utilizan a su favor, dañando a las empresas pequeñas”, comentó Frank Montes, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de California, que organizó el evento junto con la oficina de la abogada Rosa Elena Sahagún, con sede en Riverside.

Varias personas acusan al abogado Rogelio Morales de indiscriminadamente demandar a negocios latinos por presunta discriminación. /ALEJANDRO CANO, Especial para La Opinión
Varias personas acusan al abogado Rogelio Morales de indiscriminadamente demandar a negocios latinos por presunta discriminación. (Foto: Alejandro Cano/Especial para La Opinión)

Serie de demandas “frívolas”

Arias, acompañado de Morales, visitaron salones de belleza y tintorerías del área de Riverside buscando servicio. Días después, los negocios fueron notificados de las demandas bajo el argumento de discriminación de género. Morales ofreció llegar a un acuerdo extrajudicial por 10,000 dólares con al menos tres negocios.

“Lo que el abogado alega es que a su novia se le cobró de más por el mismo servicio, cosa que es absurdo ya que el tiempo invertido en ambas personas es diferente y por consiguiente tiene precio diferente”, indicó el abogado Bryan Owens, quien representa a las empresas de manera pro bono. “Tenemos plena confianza de que ganaremos”.

En las demandas que comenzaron el 25 de abril, Morales alega que las empresas violaron los derechos civiles de Arias. En realidad, la Ley de Derechos Civiles Unruh ampara a las personas de actos de discriminación. El código civil sección 51.6, fue añadido para evitar que los negocios cobren de manera diferente basado en el género.

Sin embargo, en la cláusula b del código 51.6 no existe nada que prohíba precios diferentes basados específicamente en el tiempo de servicio, dificultad, o costo asociado con el servicio, por lo tanto, los salones de belleza y tintorerías que cobran precios diferentes en base a lo establecido “no están cometiendo discriminación”, dijo Juanita Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de California en la región de Inland Empire.

“La Cámara está en contra de la discriminación de género; sin embargo, en esta ocasión la Cámara cree que esta serie de demandas no tiene mérito”, añadió Ruiz.

Según Owens, los negocios se pueden amparar listando al público los 15 servicios más comunes y sus respectivos precios sin definir el género, teniendo a la mano una lista de precios de todos los servicios ofrecidos e instalando cámaras de seguridad para captar el tiempo empleado en cada servicio.

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(Foto: Alejandro Cano/Especial para La Opinión)

Pleito legal

La reacción de la comunidad ha sido certera, manifestándose frente a las oficinas del abogado Morales, a quien han tildado de “ladrón”, “extorsionador”, “patán” y abogado “ruin”.

Dicha reacción generó molestia en Morales contra la abogada Sahagún, a quien acusa de organizarlas, al grado de amenazarla e insultarla a través de las redes sociales, acción que propició una orden de restricción temporal en contra del abogado.

En un comunicado emitido el 1 de agosto, Morales indica haber contrademandado a Sahagún argumentando que la restricción no tiene mérito y viola su derecho de libertad expresión.

“Los esfuerzos de Rosa Elena Sahagún para obtener una orden de restricción contra el abogado Rogelio V. Morales no son nada más que un intento por ella para atacar y pisotear los derechos constitucionales del Sr. Morales y en la libertad de expresión y están en conflicto directo con las leyes de anti-SLAPP del estado de California. Esperamos una solución rápida y justa de este asunto”, indicó Morales.

Si el juez falla a su favor, Morales indicó que Sahagún tendría que reembolsarle por honorarios de abogado, los cuales según Morales oscilan entre los $50,000 y $100,000 dólares. La primera audiencia de la contrademanda está pactada para el 30 de agosto, señaló Morales.

Reunión

Otra reunión similar está pactada para este sábado 13 de agosto en el centro comunitario Cesar Chávez de Riverside, 2060 University Avenue, a partir de las 8:00 a.m.