Orden de Trump complicaría a inmigrantes indocumentados el envío de remesas
Nueva orden busca frenar lavado de dinero y podría complicar envíos desde EE.UU.
La Casa Blanca busca reforzar controles sobre remesas y cuentas usadas por inmigrantes. Crédito: Gregory Bull | AP
La administración de Donald Trump abrió un nuevo frente en su política migratoria: el sistema financiero. A través de una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo de 2026, la Casa Blanca instruyó al Departamento del Tesoro y a organismos regulatorios a endurecer los controles sobre cuentas bancarias, créditos y transferencias vinculadas con inmigrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
Aunque la orden no prohíbe directamente las remesas, sí plantea nuevas reglas de vigilancia financiera que podrían cambiar la manera en que millones de inmigrantes envían dinero a sus familias en América Latina.
La medida pone especial atención al uso de ITIN —el número fiscal utilizado por personas que no cuentan con Seguro Social—, así como a transferencias internacionales pequeñas, plataformas digitales de pago y depósitos en efectivo que el gobierno considera potencialmente asociados con actividades ilícitas.

El texto oficial fue publicado por la Casa Blanca y forma parte de la estrategia de Trump para reforzar controles migratorios y financieros.
“La política de mi Administración es restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense”, señala la orden ejecutiva.
Trump vincula remesas con el crimen organizado
Uno de los puntos más delicados del documento es que la Casa Blanca justifica el endurecimiento de controles asegurando que pequeñas transferencias internacionales han sido utilizadas por organizaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y financiamiento criminal.
En la orden, Trump afirma que investigaciones financieras detectaron operaciones vinculadas con cárteles mexicanos dedicados al tráfico de fentanilo, así como redes criminales transnacionales que presuntamente aprovechan cuentas bancarias y plataformas de envío de dinero en Estados Unidos.

El documento también menciona investigaciones sobre redes chinas de lavado de dinero que, según el gobierno estadounidense, habrían movido más de $312 mil millones utilizando cuentas dentro del sistema financiero del país.
“Se necesitan programas sólidos de identificación del cliente y medidas reforzadas de debida diligencia para mitigar estos riesgos”, sostiene el texto presidencial.
A partir de ahora, el Departamento del Tesoro deberá emitir advertencias formales a bancos e instituciones financieras sobre señales de alerta relacionadas con evasión fiscal, pagos fuera de nómina, uso de empresas fantasma y transferencias sospechosas.
Bancos podrían pedir más información a inmigrantes
La orden de Trump busca endurecer las reglas para abrir cuentas y acceder a servicios financieros. Bancos y empresas podrían recopilar más información de clientes cuando detecten posibles riesgos de fraude o actividad ilícita.
El documento también abre la puerta para que algunas instituciones soliciten datos relacionados con estatus migratorio o autorización de empleo, además de revisar cuentas abiertas con ITIN y matrículas consulares.

Especialistas advierten que esto podría derivar en más revisiones para enviar remesas y procesos más estrictos en bancos y remesadoras.
Aunque las remesas seguirán siendo legales, muchas instituciones podrían endurecer controles para evitar problemas regulatorios.
Temor entre comunidades inmigrantes
México podría ser uno de los países con mayor impacto. Las remesas enviadas desde Estados Unidos representan una fuente fundamental de ingresos para millones de familias y han alcanzado niveles históricos en los últimos años.
La orden también busca influir en préstamos e hipotecas; Trump pidió a reguladores financieros considerar que una posible deportación o pérdida de empleo pueda ser tomada en cuenta al evaluar créditos, tarjetas o financiamientos.
Por ahora, gran parte de las medidas aún deberán pasar por procesos regulatorios antes de entrar en vigor. Sin embargo, el mensaje es claro: la administración Trump busca convertir al sistema financiero en una herramienta más de control migratorio.
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