¿Corren peligro los residentes legales que reciben beneficios públicos?

Crecen los rumores de que el gobierno de Trump estudia la posibilidad de deportar, o negar la entrada al país, de residentes legales que puedan convertirse en una “carga pública”
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¿Corren peligro los residentes legales que reciben beneficios públicos?
Foto: Ciro Cesar/La Opinion

WASHINGTON.- En el goteo aparentemente incesante de órdenes ejecutivas migratorias, la Casa Blanca ahora estudia la posibilidad de deportar, o negar la entrada al país, de residentes legales que puedan convertirse en una “carga pública” al depender de la asistencia del gobierno para subsistir.

Un borrador de la propuesta, con fecha del pasado 23 de enero y firmado por Andrew Bremberg, ha circulado ampliamente esta semana en internet, creando confusión y miedo en la comunidad inmigrante.

La medida en ciernes también ha puesto en alerta a grupos defensores de los inmigrantes por la severidad del texto, pero éstos intentan transmitir un mensaje de calma, e insisten en que un borrador no cambia en nada las leyes actuales.

Consultada por este diario, la Casa Blanca no ha querido confirmar, desmentir o explicar si el borrador de propuesta de seis páginas sigue en pie, o si la propuesta será promulgada ni cuándo.

Sin embargo, las autoridades del gobierno han señalado que centenares de propuestas fueron elaboradas durante el período de transición, y no todas han llegado al Despacho Oval, ni todas serían adoptadas.

En todo caso, grupos cívicos y proinmigrantes en todo el país elaboran planes para educar a la población inmigrante sobre sus derechos, y estudian cómo responder en el supuesto de que la propuesta sea presentada oficialmente.

En la actualidad, la ley federal exige que toda persona que patrocine a un residente permanente firme una declaración judicial, conocida como un “affidavit de apoyo”, en la que promete que dará apoyo financiero a ese inmigrante durante los primeros cinco años de su estancia en el país, para así evitar su dependencia en los programas de asistencia pública.

Posteriormente, y cumpliendo una serie de requisitos, los residentes legales de bajos recursos pueden solicitar beneficios como asistencia económica a través del programa “TANF” (“Temporary Assistance for Needy Families”), “Medicaid” y cupones de alimentos, entre otros.

Sin embargo, bajo la ley actual, las autoridades también se reservan el derecho de rechazar una solicitud de ingreso con “tarjeta verde” a personas que, a su juicio,  puedan llegar a depender de un cheque de asistencia económica del gobierno.

La nueva orden ejecutiva en ciernes, de concretarse, es preocupante porque el gobierno negaría la entrada a residentes legales que puedan recibir cualquier tipo de beneficio público, o incluso créditos tributarios por sus hijos.

Además de deportar a quienes excedan cierto nivel de beneficios públicos –algo que no está explicado en el documento de seis páginas-, la orden ejecutiva permitiría que las agencias de beneficencia pública obtengan un “reembolso” por parte de los patrocinadores de esos residentes permanentes.

Una película reciclada

La idea de castigar a residentes legales que presuntamente son una “carga pública” no es nueva en Estados Unidos: en 1996, tanto la reforma del sistema de beneficencia pública (“Welfare)  como la ley federal migratoria conocida por su sigla en inglés “IIRIRA”, ambas adoptadas ese año, incluyeron cláusulas para restringir el acceso de los residentes permanentes a los beneficios públicos.

La exigencia de que los patrocinadores reembolsen al gobierno por los beneficios ya es ley pero nunca ha sido implementada por el gobierno porque es una tarea mayúscula que requiere muchos recursos.

¿Deportados por recibir “Welfare”?

El documento contiene datos que contravienen la realidad sobre el terreno -no analiza las contribuciones económicas de los inmigrantes, solo los gastos-, y reflejan la creencia de grupos conservadores de que éstos son más propensos a usar beneficios públicos que los hogares encabezados por ciudadanos.

Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés), adelantado a este diario, indicó hoy que esa premisa del documento “no se sostiene” porque, por ejemplo, un estudio de 1996 de National Academies of Science, determinó que “los inmigrantes de todas las edades, salvo los ancianos, usan menos beneficios públicos que los nacidos en EEUU”.

Las leyes actuales también permiten la deportación de residentes legales si son una “carga pública”-los que concretamente reciben asistencia económica o cuidado institucional a largo plazo – pero muy pocos inmigrantes han sido castigados de esta manera, según MPI.

“No sabemos si esta orden ejecutiva se firmará o si la modificarán. Contrario a las de la semana pasada, esta requerirá un prolongado período de comentario público y para el establecimiento de reglamentos antes de que entre en vigor, por lo que podría ser sustancialmente distinta en su fase de implementación”, explicó a este diario Randy Capps, analista y coautor del análisis del MPI.

“Sin embargo, cualquier declaración oficial de la Casa Blanca de que los inmigrantes legales podrían  ser deportados por recibir beneficios públicos,  o que a sus patrocinadores (“sponsors”) se les podría pedir que  reembolsen  esos beneficios, desde luego podría generar una considerable cantidad de ansiedad y confusión”, enfatizó Capps.