DHS dice que “DACAmentado” atrapado en redada en área de Seattle es “pandillero”, y afronta posible deportación
los protegidos bajo el “DACA” de 2012 pueden perder ese beneficio, si las autoridades determinan que “representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, incluyendo una condena por ciertos delitos o por vínculos con pandillas criminales
Crédito: John Moore | Getty Images
WASHINGTON.- Las protestas y exigencias para que el “DACAmentado” Daniel Ramírez Medina sea puesto en libertad cayeron este miércoles en oídos sordos, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió en que éste es un “pandillero” y aguarda una posible orden de deportación.
Ramírez Medina, protegido bajo el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, “cayó” en las redadas que hicieron agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 10 de febrero en varios estados, y tanto su arresto como las protestas para exigir su puesta en libertad se han vuelto viral en las redes sociales, con la etiqueta “#FreeDaniel” (“liberen a Daniel).
En un comunicado, el DHS explicó hoy que aún los protegidos bajo el “DACA” de 2012 pueden perder ese beneficio, o quedar sujetos a la deportación, si las autoridades determinan que éstos “representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, incluyendo una condena por ciertos delitos o por vínculos con pandillas criminales.
La agencia federal, que se apoya en nuevas órdenes ejecutivas migratorias para ampliar las redadas, aseguró que Ramírez Medina, de 23 años, es un “pandillero” y los agentes de ICE lo arrestaron durante un operativo en una vivienda en Des Moines (Washington), mientras buscaban a su padre, un criminal previamente deportado.
El abogado de Ramírez Medina, Ethan Dettmer, niega que su cliente esté implicado en pandillas y sometió una solicitud para su puesta en libertad, argumentando que éste no debió ser arrestado. Ramírez Medina, padre de un niño nacido en EEUU, renovó su permiso en mayo de 2016, lo cual lo protege de la deportación hasta mayo de 2018.
Un juez federal ha dado plazo al gobierno hasta mañana para su puesta en libertad o para explicar por qué lo mantiene bajo custodia.
Bajo las nuevas acciones ejecutivas del pasado 25 de enero, prácticamente cualquier inmigrante indocumentado queda expuesto a su posible deportación, pese a que el presidente Donald Trump ha dicho anteriormente que su prioridad es la expulsión de criminales y que los “DREAMers” no tienen nada que temer.
Ramírez Medina fue trasladado al Centro de Detención del Noroeste, en el estado de Washington, donde aguarda la resolución de su caso en un tribunal de Inmigración.
El DHS señaló que desde la puesta en marcha del DACA en 2012, alrededor de 1,500 beneficiarios perdieron esa protección temporal de la deportación “debido a una condena criminal, afiliación a una pandilla, o una condena criminal relacionada con la afiliación a una pandilla”.
Con el caso de Ramírez Medina, la agencia ha querido dar un ejemplo de que ICE y sus socios policiales “continuarán ejecutando las leyes de nuestra nación para proteger la seguridad pública, la seguridad nacional, y para preservar la integridad de nuestro sistema migratorio”.
El comunicado, sin embargo, no aplacará las numerosas denuncias que ha provocado el caso -el primero de su tipo en la era de Trump – por parte de legisladores demócratas del Congreso, y una vasta coalición de grupos cívicos y pro-inmigrantes en todo el país.
Es que, ahora que el DHS insiste en que el arresto de Ramírez Medina no es un error, activistas de la comunidad inmigrante temen por el futuro de los 750,000 “DACAmentados” amparados por el “DACA” de 2012.
La semana pasada, la deportación de la mexicana Lupita García de Rayos, en Phoenix (Arizona), madre indocumentada de dos hijos nacidos en EEUU, también suscitó una condena unánime en la comunidad inmigrante.
