Los Ángeles necesita 2,000 camas más para los desamparados

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles anunció su intención de buscar medios para expandir rápidamente el número de camas disponibles para las personas sin hogar.

En una moción que será analizada el martes y presentada conjuntamente por Hilda Solís y Janice Kahn, las supervisoras piden menos barreras para acceder a los albergues, tales como ampliar los horarios de atención o aceptar mascotas.

“Necesitamos proveer una dirección coherente hacia la que dirigir cada uno de nuestros albergues de emergencia financiados por el condado de inmediato”, señalaron Kahn y Solís en un comunicado.

La solicitud de la Junta, si resulta aprobada, busca diseñar un plan para expandir rápidamente el número de camas que el condado tiene a disposición de los indigentes y posibles métodos de financiación para cubrir los costos.

Las autoridades del condado han identificado una falta de hasta 2,000 plazas en los albergues disponibles para poder alojar a todos los desamparados.

Algunas de las medidas que ya se están diseñando para empezar a atajar este problema son la habilitación de un albergue permanente en la Armería de Sylmar (actualmente solo funciona como tal durante los meses de invierno) o la Medida H, que consiste en un incremento del 0.25% en el impuesto a las ventas destinado a financiar los servicios de atención a las personas sin hogar y sobre la que los angelinos votarán el 7 de marzo.

Según recoge la radio KPCC, los gerentes de los albergues del condado coinciden en la necesidad de contar con más camas. El refugio de Lancaster Grace Resources, el único en su zona, ha operado a un 98% de su capacidad durante el invierno y excedió su capacidad máxima 48 noches; mientras que el East San Gabriel Valley Coalition for the Homeless lo ha hecho 37 noches y ha registrado una ocupación media del 95%.

La falta de opciones de alojamiento de la población sin hogar es uno de los grandes problemas que enfrenta Los Ángeles a la hora de intentar mantener sus espacios públicos despejados o controlar dónde reside la gente, ya que los activistas en favor de los derechos de los desamparados argumentan que las autoridades no pueden prohibir vivir en la calle si no aportan otra alternativa.