La corrupción, el principal enemigo en el gobierno de Peña Nieto

Expertos en el tema indican que este es el peor problema que debe enfrentar México, ya que varios inversionistas extranjeros no quieren iniciar negocios en el país por esta situación
La corrupción, el principal enemigo en el gobierno de Peña Nieto
Peña Nieto debe "limpiar" el nombre de México si quiere que el país crezca en lo económico.
Foto: Chip Somodevilla / Getty Images

Durante los cuatro años y dos meses de administración, el Presidente Enrique Peña Nieto ha pasado del “Salvando México” (portada de la revista Time en febrero de 2014) a contar con la aprobación de solo 12 por ciento de los mexicanos, de acuerdo con datos de encuestadoras a tres meses de las elecciones en Coahuila, Nayarit y Estado de México, cuna del mandatario priista.

La revista estadounidense atribuyó a las reformas estructurales “un cambio de narrativa en una nación manchada por el narco”. Sin embargo, la corrupción (política y policial), impunidad, discurso de negación ante la situación y un ineficaz gasto público mancharon su gobierno, afirmaron analistas y organizaciones civiles. Ahora que la vida se encarece y la crisis humanitaria continúa, el país se enfrenta contra las amenaza del Presidente de su principal socio comercial, Donald J. Trump.

“Resulta indispensable fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica con el fin de propiciar un entorno más favorable para el crecimiento. Lo anterior ha cobrado incluso más relevancia ante el desafío que México enfrenta como consecuencia de la agenda económica que el vecino país del norte pretende promover”, expuso la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) en su informe trimestral octubre-diciembre.

Max Kaiser, el director anticorrupción del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), destacó en entrevista con SinEmbargo que más que los índices de aprobación del Presidente, es “grave” el lugar que ocupa el país en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 en el mundo. El estudio publicado hace un mes por Transparencia Internacional reveló que México bajó del lugar 95 al 123 de 176 naciones.

“Hay un impacto gravísimo de todos estos escándalos de corrupción que explotaron el año pasado en la percepción que tenemos los mexicanos de la corrupción y eso ya pegó directamente en los estándares internacionales. Eso lo ven los países que van a negociar con México y también los inversionistas que quieren traer dinero y tecnología al país. Eso nos puede pegar en la competitividad, inversión y en el desarrollo”, aseguró el académico.

Las amenazas del republicano y los gasolinazos han sido los dos principales caudales por los que miles de mexicanos han salido en mares a manifestar su hartazgo general y exigir la renuncia de Peña Nieto.

Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de la organización litigante I(dh)eas, dijo a este sitio que las violaciones de derechos humanos “no son situaciones aisladas”, pero no se han podido atacar por “la falta de voluntad política” y la ausencia de un combate frontal contra “la corrupción que genera la impunidad desde los vínculos que existen entre algunos funcionarios con la Ley”.

En el 2014, comenzó la evidencia de violación a derechos humanos y corrupción gubernamental y policíaca.

En septiembre explotó el caso Tlatlaya, Estado de México. Posteriormente, fue llamado como “la peor masacre de civiles” del sexenio por el director de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Se refería al asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes en el municipio mexiquense en junio de ese año.  La versión de la Secretaría de la Defensa Nacional había sido distinta.

Pocos días después, el 26, el país se enteró de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos de policías presuntamente vinculados con cárteles de las drogas y autoridades locales. Posteriormente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló una serie de irregularidades e incluso, casos de tortura de las autoridades a testigos durante esta investigación. En estos más de 800 días “de dolor”, han dicho los padres de los jóvenes, no han dejado de buscarlos y exigir justicia.

Para noviembre, llegó la “casa blanca” y la casa de Malinalco. Medios de comunicación revelaron que la Primera Dama Angélica Rivera –exactriz de Televisa– tenía una mansión valuada en unos 86 millones de pesos ubicada en Lomas de Chapultepec, una exclusiva zona residencial en la Ciudad de México. A raíz del escándalo, decidió cancelar el contrato en el que estaba involucrado el empresario Armando Hinojosa de Grupo Higa, cercano a la familia presidencial y beneficiario de contratos para obras públicas.

El entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, investigó y determinó que no hubo conflicto de interés para Hinojosa en este caso, ni en el de la propiedad del ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el pueblo de Malinalco, Estado de México, revelada por el diario The Wall Street Journal.

Este nueve de enero, en plena ebullición por las recientes alzas en los precios de combustibles, los ciudadanos exigieron la salida de Peña y que sea sometido a juicio. Le reclamaron no solo el incremento, también su “gabinete corrupto”, los asesinatos y casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato.

El 12 de febrero, una vez más y en compañía de instituciones como Amnistía Internacional o la UNAM, mexicanos marcharon en la capital del país y otras ciudades contra las políticas del republicano Trump y contra la administración de Peña Nieto, “la más corrupta de la historia”, opinó uno de los manifestantes.

Durante el año pasado, diversos casos de corrupción a nivel estatal fueron destapados, entre los que destacaron exgobernadores priistas como Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua), Rodrigo Medina (Nuevo León), Jorge Herrera (Durango) o panistas como Guillermo Padrés (Sonora). Estos gobernadores heredaron altas deudas públicas.

Entre la lista resalta el expriista, ex Gobernador de Veracruz y prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, quien es un candidato fuerte entre dos presidentes africanos para ganar el Récord Guiness al más corrupto en el mundo, de acuerdo con una comparativa de la firma Guinness World Records, citada por el investigador Ernesto Villanueva durante una conferencia el martes pasado.

“Sería la cereza en el pastel”, dijo el abogado Max Kaiser de IMCO.

Villanueva destacó que Veracruz tiene “una vergonzosa calificación de 3.5” en el corruptómetro de la civil Organización Nacional Anticorrupción (ONEA). La recibe por su nivel de Estado de Derecho, seguridad pública, acceso a bienes y servicios, participación ciudadana, ecología y medio ambiente, empleo y desarrollo humano.

El estado costero es la punta del iceberg del país; solo una muestra. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo de más de 65 mil millones de pesos enviados en 2015 a los diferentes Gobiernos estatales.

Respecto al combate a la corrupción, el 18 de julio debe implementarse el Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, IMCO, Transparencia Mexicana y el sector empresarial presentaron el martes pasado el Semáforo Anticorrupción a nivel estatal.

Los dos semáforos, explicó en entrevista Max Kaiser, establecen parámetros objetivos para lograr una mayor homogeneidad y medir “la rapidez y calidad” con la que cada congreso estatal está implementando las reformas constitucionales y la ley del sistema anticorrupción local. Para generar presión social, las organizaciones presentarán reportes mensuales.

Hasta el momento, a cuatro meses de que deba estar listo, solo diez estados tienen una reforma constitucional “satisfactoria”, mientras que nueve –entre ellos el Estado de México y Veracruz– aún no cuentan con reforma constitucional. Además, solo Chiapas y Nayarit cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción Satisfactoria, mientras que 24 entidades aún no cuentan con Ley del Sistema Local Anticorrupción.

“El riesgo que se corre es que el Sistema Nacional Anticorrupción no sea nacional, es decir, que le falten piezas y no tengan la misma calidad. Se busca que todas las fiscalías, comités de participación y estructuras de coordinación (de cada estado) tengan las mismas características, capacidades y nivel de autonomía e independencia que deben”, determinó Kaiser.

Crisis humanitaria en México

La violación a los derechos humanos marcó el primer día del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquel sábado primero de diciembre de 2012 en que el mandatario tomó protesta, hubo marchas en la capital del país y 104 detenidos. Actualmente todos están libres, pero desde 2013, la liga de abogados 1DMX ha exigido la reparación integral por los daños referidos, así como una indemnización que no supera los 100 mil pesos.

Dos años después, el parámetro se repitió. Al menos ocho policías encapsulaban y golpeaban con toletes a un hombre arrodillado que intentaba protegerse con sus brazos durante la manifestación del 20 de noviembre de 2014, a dos meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. A lado, otro ciudadano huía con un niño en brazos, reveló una fotografía de Guillermo Perea de la agencia Cuartoscuro. Ese día hubo 11 detenidos, entre ellos, estudiantes.

Las detenciones arbitrarias y violentas, dijo la abogada Izti-Guari Hurtado de la Liga de Abogados del Primero de Diciembre, generan daño moral, psicológico y patrimonial al tener que gastar en la defensa legal. De acuerdo con su homónimo Alejandro Jiménez, los derechos humanos que se violan son la presunción de inocencia porque las autoridades asumen que por el hecho de manifestarse se hace uso de violencia; el de libertad de expresión; el derecho a la seguridad jurídica, e incluso el derecho a la dignidad porque en ocasiones los rapan, los golpean y los insultan.

Pero además de detenciones arbitrarias, en un México que lleva en guerra más de una década, de norte a sur hay impunidad ante las miles de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

“Las reformas a la Ley General de Víctimas publicadas el 3 de enero de 2017 son insuficientes para resolver la grave crisis humanitaria que vive el país desde hace más de 10 años”, sentenciaron más de 90 organizaciones, colectivos de familias de desaparecidos y redes de organizaciones de derechos humanos.

El litigante Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas, acusó que “hay una tendencia” a negar la existencia del problema humanitario, a través de “una actitud defensiva y un discurso político que se contradice con la realidad” e impide el diálogo abierto entre colectivos civiles e instituciones.

“Precisamente porque no es un tema prioritario, no se le ha dado la atención suficiente ni siquiera a la información para medir si el fenómeno va en aumento. No hay cifras concretas, suficientes ni confiables; hay un descontrol absoluto”, añadió.

Aunque enfatizó que, en medio de este panorama, la Secretaría de Gobernación reconoció en un acto público la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos.

Sobre el simbólico caso de Ayotzinapa, organizaciones de derechos humanos como México Unido contra la Delincuencia o la Fundación para la Justicia acusaron “un alarmante mensaje de impunidad”, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los padres los resultados de la investigación interna iniciada a raíz de las irregularidades detectadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los organismos acusaron que la resolución “omitió” toda referencia al derecho internacional de los derechos humanos, al considerar legales detenciones que fueron arbitrarias, al no responsabilizar al funcionario Tomás Zerón de violar el derecho a la verdad por no informar de las diligencias en el Río San Juan y al no pronunciarse sobre el derecho a la defensa del detenido que fue llevado al río. Además dejó de lado el inicio de investigaciones penales.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también acusó que la Visitaduría General de la PGR no atendió las irregularidades denunciadas por el GIEI.

Desaparecidos, torturados y ejecutados

La organización litigante I(dh)eas ha documentado y acompañado jurídicamente diversos casos de violación a derechos humanos. Ha detectado “trabas burocráticas” para la atención y reparación integral a víctimas y una “falta de voluntad política”.

Entre los más de 28 mil casos de desaparecidos, el 10 de julio de 2013 policías de Fuerza Coahuila –creada por el exgobernador Humberto Moreira– ingresaron a la casa de Víctor Manuel Guajardo Rivas en Piedras Negras. Además de entrar sin orden de aprehensión, lo torturaron en presencia de su esposa y se lo llevaron en una camioneta. Lo señalaron de presuntamente pertenecer al grupo delictivo de “los Zetas”, documentó el organismo con testimonios de la madre de la víctima.

Desde hace tres años, María Hortensia Rivas Rodríguez desea localizarlo. “Yo sola me salía por las noches y las madrugadas enteras a buscarlo, sin rumbo definido.  Manejaba por las carreteras solas y obscuras y me metía hasta por las brechas  porque se sabía que allí han dejado muchos cuerpos o que allí mismo torturan a muchos hombres hasta matarlos”, afirmó al grupo civil litigante.

No es la única que se ha topado contra la inacción gubernamental y policíaca. Madres de desaparecidos en Coahuila durante la guerra entre el Cártel del Golfo y “Los Zetas” aseguraron en la presentación del informe “En el desamparo” que las autoridades no las atienden porque, argumentan, no tienen presupuesto ni personal.

En otros estados como Veracruz –donde el miércoles encontraron 11 cuerpos dentro de un auto– y Sinaloa, familias de desaparecidos han creado redes de búsquedas en territorio nacional, lo que ha destapado una serie de fosas.

Asimismo, desde el año pasado, videos publicados evidenciaron diversos casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad para obtener confesiones de crímenes. En abril se reveló una grabación donde se mostraba a una policía militar y a un agente de la Policía Federal interrogar a una mujer con una bolsa en la cabeza el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Otro video circulado en abril reveló que policías de la Ciudad de México golpearon en el estómago a tres hombres después del atraco a una tienda departamental.

A este conjunto de víctimas e impunidad, se suman ejecuciones extrajudiciales como Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014 y Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que agentes de la Policía Federal ejecutaron a 22 personas durante un enfrentamiento el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato. Estas fuerzas de seguridad además les colocaron armas, torturaron a dos sujetos y a uno lo quemaron vivo.

Corrupción y violencia frenan crecimiento

Una de las principales causas que están desacelerando a la locomotora económica nacional es la caída en la inversión pública en carreteras o puentes en todas las regiones del país, lo que hace que la inversión privada se concentre solo en el centro y no haya un desarrollo a nivel nacional. Sin embargo, han dicho economistas, los empresarios extranjeros también huyen de invertir por la inseguridad y los moches exigidos para asignación de contratos que encarecen sus costos de producción.

“Independientemente de cualquier acontecimiento externo, México debe continuar incrementando su competitividad frente al exterior e impulsar su potencial de crecimiento en el mercado interno. En este sentido, debe prevalecer el compromiso de implementar correcta y oportunamente las reformas estructurales ya aprobadas y de continuar con el esfuerzo de consolidación fiscal”, determinó el Banco de México en su informe trimestral.

La deuda pública, hoy en 48.9% del PIB, registró un rápido nivel de aumento en estos cuatro años, por lo que agencias calificadoras alertaron que si la Secretaría de Hacienda no conseguía una consolidación de las finanzas públicas, bajaría la calificación del país. Como respuesta, la dependencia ha anunciado una serie de recortes al gasto público; sin embargo, analistas económicos han reiterado que los ajustes deben hacerse en gastos superfluos como publicidad oficial y salarios a servidores públicos.

Respecto al riesgo que ronda al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Junta de Gobierno de Banxico dijo que “se torna ineludible mantener la apertura comercial del país y buscar una mayor diversificación tanto de los mercados de destino de las exportaciones mexicanas, como de los de origen de la inversión extranjera directa y de las importaciones al país”. Estados Unidos, hasta ahora, es el principal comprador e inversor.

Durante 2016, en su conjunto, expuso el banco central, la economía mexicana creció 2.3% y enfrentó un entorno externo complejo, que fue deteriorándose a lo largo del año.

El miércoles ajustó su previsión para 2017 a un rango de entre 1.3 y 2.3% y espera una inflación mayor a 4% al “considerar la materialización de algunos de estos riesgos” de las políticas comerciales proteccionistas de Estados Unidos.

Al cierre del año, la cotización de la moneda nacional mostró “una significativa depreciación” de 15% desde el 8 de enero, cuando ganó las elecciones Donald Trump. Además, en los primeros dos meses de 2017, la tasa de inflación llegó a 4.7% presionada al alza por el incremento de entre 14 y 20% de los precios de las gasolinas Magna, Premium y diésel. Esto, a su vez, ha tumbado la confianza del consumidor.

Ante ello, el banco central elevó la tasa de interés a 6.25% y la Comisión de Cambios lanzó un mecanismo de cobertura monetaria que comenzará este lunes 6 de marzo.

Banxico confía en que los cambios en precios relativos de las mercancías respecto de los correspondientes a los servicios, derivados de la depreciación que ha tenido el tipo de cambio y el impacto de la liberalización de los precios de las gasolinas, “tengan un efecto temporal sobre la inflación general”.

Por lo pronto, el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares se redujo 1% entre el tercero y el cuarto trimestre de 2016, sobre todo en Tabasco, San Luis Potosí y Campeche, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de Política del Desarrollo (Coneval).

“El incremento de la inflación a partir de octubre 2016, particularmente el observado  en el pasado mes de enero de 2017, podría revertir lo ganado en el poder adquisitivo del trabajo de los últimos dos años”, advirtió.