Deportan a joven DACA sin explicar por qué ni ofrecer documentación al respecto
Juan Manuel Montes caminaba en Caléxico hacia la parada de un taxi el 17 de febrero cuando lo detuvo un Patrullero Fronterizo. Pocas horas después estaba en México, tras haber firmado unos papeles de los cuales no recibió copia. La demanda presentada hoy exige que el gobierno presente su archivo al joven para saber por qué fue deportado.
Juan Manuel Montes de 23 años fue deportado a pesar de tener DACA. Crédito: Cortesía
El primer caso conocido de un joven con la protección de DACA que fue físicamente deportado de los Estados Unidos hacia México está resultando todo un misterio porque el gobierno se ha rehusado hasta ahora a entregar los documentos relativos a su expulsión.
Abogados que representan a Juan Manuel Montes Bojórquez, de 23 años de edad, presentaron este martes documentos legales ante un tribunal federal en California exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que entregue “información clave” sobre su rápida deportación.
“Juan Manuel fue deportado sin tan siquiera un pedazo de papel para explicar por qué o cómo llegaron a esa decisión,” dijo Nora A. Preciado, abogada del Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC). “El gobierno no debe tratar a nadie de esta manera, mucho menos alguien que tiene DACA. Nadie debería tener que presentar una demanda para averiguar qué le sucedió.
La documentación explica que Juan Manuel estaba caminando en Caléxico hacia una parada de taxis tras visitar a un amigo el pasado 17 de Febrero. El joven se había dejado su cartera en casa de ese amigo y no tenía documentación encima cuando un agente de la Patrulla Fronteriza en bicicleta lo paró por la calle y le pidió identificación.
Inmediatamente lo detuvo y lo llevó a una oficina de la Patrulla, donde le dijeron que firmara unos documentos y, sin permitirle ver a un juez o llamar a un abogado-y sin copias de los documentos firmados- lo expulsaron hacia Mexicali.
El joven, quien trabajó en el campo durante dos años antes de su expulsión, había trabajado en varias partes de California y Arizona con el permiso de trabajo que obtuvo por medio del programa de Acción Diferida para Arribados en la Infancia (DACA).
La primera vez que obtuvo DACA fue en 2014 y la segunda en 2016. Su permiso estaba vigente hasta 2018.
El muchacho se quedó con un amigo en Mexicali, donde a los pocos días de llegar fue asaltado por dos hombres armados con cuchillos, quienes le robaron su maleta con ropa cuando se dirigía a casa de unos familiares en la misma ciudad.
“Tras este ataque el joven temió por su vida, y sin saber qué hacer, intentó regresar a los Estados Unidos, pero luego de cruzar se entregó a un agente de la patrulla, que lo arrestó”, explica la documentación.
El muchacho trató de explicar lo que había ocurrido en un interrogatorio que duró varias horas, pero lo deportaron de nuevo sin darle ningún papel. Actualmente está en México con familiares.
Luego de su segunda expulsión, su abogado intentó obtener los récords o archivos sobre su caso de manos de la Patrulla Fronteriza, incluso en una solicitud formal por escrito, y no hubo respuesta. Al parecer tampoco existe ningún dato sobre su segunda expulsión.
Juan Manuel sería el primer “DACAMENTADO” que ha sido físicamente deportado. Otros han sido arrestados y tienen casos pendientes de deportación por diversas razones.
“Juan Montes fue objeto de agentes abusivos que lo deportaron sin razón. Exigimos justicia y que le permitan volver a casa”, dijo Greisa Martinez, directora de activismo de la organización United We Dream de jóvenes soñadores.
Algunos, como el congresista Steve King de Iowa estaban celebrando la deportación del muchacho. King informó por Twitter que estaba brindando y agradeciendo a la Patrulla Fronteriza por deportar al “primer dreamer sin tantos méritos…brindo por tí Patrulla Fronteriza”.
Angelica Salas, directora ejecutiva del Centro por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), deploró la “absoluta impunidad con la que los oficiales fronterizos toman decisiones violando los derechos constitucionales”.
“Recordemos a nuestra comunidad que tenemos derechos y no debemos cederlos fácilmente. ICE intentará coercionarnos, intimidarnos, amenazarnos, pero debemos permanecer fuertes y exigir justicia. No hable ni firme nada hasta que haya hablado con un profesional de la ley o haya visto a un juez”, recomendó Salas.
