Agentes de fianzas se oponen a reforma del sistema de justicia penal en California

Un 60% de presos en las cárceles del condado está allí por no poder pagar su fianza
Agentes de fianzas se oponen a reforma del sistema de justicia penal en California
Las agencias de fianza son un negocio lucrativo.
Foto: Archivo / Impremedia

El análisis de un comité legislativo pronostica que reformar el sistema de fianzas en California podría ser bastante costoso, lo cual constituye un obstáculo para los legisladores demócratas que buscan reformar el sistema frente a la oposición de fuerzas policiales y la industria de fianzas.

En 2016, un grupo de más de 10 legisladores se unieron para formar una coalición dedicada a reformar el sistema de fianzas.

Poco después, Rob Bonta (D-Oakland) presentó el proyecto de ley AB 42 en la Asamblea, el cual eliminaría la lista fija de cuotas que los jueces utilizan para poner en libertad a las personas mientras sus casos siguen pendientes. En lugar de eso, los condados tendrían que establecer agencias de servicios preventivos para determinar si los acusados deben ser liberados y bajo qué condiciones.

Asimismo, Robert Hertzberger (D-Van Nuys) presentó la SB 10, una versión idéntica al AB 42, ante el Senado estatal, con el fin de aumentar la probabilidad de que la propuesta se convierta en ley.

Ambos proyectos están a la espera de una decisión por parte de los comités de asignaciones de sus respectivas cámaras.

El análisis divulgado el lunes indica que el estado tendría que gastar cientos de millones de dólares para reembolsar a los condados por establecer y administrar los servicios preventivos. El estado también tendría que afrontar gastos corrientes millonarios para proporcionar abogados a los acusados.

Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia del AB 42. Pero dentro del Comité de Asignaciones del Senado el lunes, más de doce agentes de fianza expresaron oposición al SB 10, alegando que la reforma le costaría unos dos mil millones de dólares al estado cada año.

Defensores de la reforma y abogados de derechos civiles, sin embargo, sostienen que la disminución de personas encarceladas generará ahorros considerables para el estado.

De acuerdo a datos recopilados por el Instituto de Políticas Públicas de California, 60% de las personas en cárceles del condado están a la espera de un juicio o una sentencia. Incluso, según la Oficina de Análisis Legislativo, el estado de California gasta $70, 812 por recluso cada año, lo cual supera el costo de asistir cualquier universidad privada del país. 

Los dos proyectos de ley tienen hasta el 26 de mayo para salir de los comités de asignaciones.


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