Qué es el HR 2431 y por qué cambiaría por completo las leyes migratorias en EEUU
El Acta Davis-Oliver tiene como objetivo obligar a agencias policiales locales a cooperar con agentes de inmigración, quieran o no
No todos los inmigrantes en proceso de deportación pueden tener un abogado Crédito: EFE
Un proyecto de ley de inmigración que hoy se delibera en la Cámara de Representantes de Estados Unidos alteraría por completo la defensa que ofrece una ciudad “santuario”, puesto que tiene como objetivo obligar a agencias policiales locales a cooperar con agentes de inmigración, quieran o no.
Un comité de la Cámara de Representantes inició este viernes las deliberaciones sobre el proyecto de ley HR 2431, patrocinado por el Representante Raúl Labrador (R-Idaho).
La idea de ir tras las llamadas ciudades “santuario” no es una nueva. Desde su entrada a poder, el presidente Donald Trump y su Procurador General Jeff Sessions han lanzado cuantiosas amenazas contra estas jurisdicciones, instando a acatar con reglamentos federales en materia de migración. Pero esta legislación llega justo cuando algunas ciudades y estados, incluyendo California, se han vuelto cada vez más resistentes a la presión de asistir en la deportación de millones de indocumentados.
Denominado como el Acta Davis-Oliver, la HR 2431 permitiría el aumento de elementos de la Patrulla Fronteriza y obligaría la participación de agencias locales para la detención de personas indocumentadas en el país con el fin de “proteger al público estadounidense” y “empoderar la seguridad nacional”.
Durante un reunión en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Labrador defendió el HR 2431, diciendo que éste fungía como el primer paso crítico para cerciorar a la comunidad estadounidense de que las leyes federales sí se están enforzando.
“Durante demasiado tiempo, hemos permitido que individuos ingresen a nuestro país ilegalmente y en demasiados casos para hacernos daño”, declaró Labrador.
Pero a decir de la banca demócrata, el proyecto de ley tiene serios problemas constitucionales, desperdiciará miles de millones en redadas y en la detención de personas que no representan peligro, y aumentaría el crimen en las comunidades estadounidenses forzando a los indocumentados a nuevamente esconderse, provocando que estos tengan miedo a denunciar crímenes ante la posibilidad de ser deportados.
Pero también algunos republicanos se han opuesto al proyecto. “Llamémoslo por lo que es: éste es el acta de deportación masiva del Presidente Trump“, dijo el representante David Cicilline, R-Rhode Island, diciendo que la propuesta de 184 páginas se basa en la idea de que los millones de indocumentados son criminales, cuando ese no es el caso.
Más agentes migratorios
El HR 2431 permite el reclutamiento adicional de hasta 125,000 agentes de ICE, para hacer cumplir las leyes migratorios. Estos también podrán portar armas y estarán protegidos con armamento corporal, esto para cerciorar su seguridad en casos de extremo riesgo.
Ciudades santuario
La posible ley elimina por completo el poder que tiene el Presidente de Estados Unidos de suspender or frenar esfuerzos migratorios.
Esto se realiza al permitir a estados y ciudades promulgar propias leyes en materia de inmigración, siempre y cuando estén al margen de los establecido a nivel federal, y de permitir que agentes locales hagan cumplir las leyes migratorias —es decir, arresten a personas solamente por su estatus migratorio.
Asimismo, indocumentados que sean detenidos en cárceles locales, sin importar la acusación de crimen, tendrán que pasar a custodia de ICE.
Las llamadas “ciudades santuario” se verán obligadas a participar o perder fondos y subsidios que provienen del gobierno federal, así como del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. También de no acatar con esto, tal jurisdicción podrá enfrentar una demanda federal.
Seguridad nacional
Además de hacer obligatorio la retirada de EEUU de inmigrantes criminales —pandilleros, conductores ebrios, asesino, deportados en serie-, se agilizará el proceso de deportación. En el caso de aquellos que no puedan ser removidos del país de inmediato, estos permanecerán bajo custodia del Departamento de Justicia.
El proyecto obliga que todo extranjero que busque beneficiarse de cualquier alivio migratorio sean sometidos a una extensa revisión de antecedentes, como una indagación en redes sociales y otros medios públicos, antes que se dicha persona sea otorgada una visa o residencia.
