Editorial: Quién protege al consumidor

Al eliminar la ley Dodd-Frank, el consumidor pierde sus derechos
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Editorial: Quién protege al consumidor
Foto: Getty Images

El proyecto se llama CHOICE Act. Pero acá no hay nada para elegir. En realidad, la medida se debería llamar ley para destruir la protección al consumidor financiero.

La crisis inmobiliaria que llevó a la Gran Recesión del 2008 surgió de la especulación en el mercado financiero con productos de alto riesgo. Como consecuencia se aprobó la Ley Dodd-Frank para la Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor.

Ahora la Cámara de Representantes se apresta a eliminarla, se quiere anular las regulaciones que mantenían una vigilancia en la industria financiera para que actúe responsablemente. Para que no arriesgue el dinero de otros y esperar luego el rescate de los contribuyentes, ni aprovecharse de sus clientes.

Una pieza central de la ley es la Oficina de Protección al Consumidor Financiero (CFPB). Esta es una entidad independiente para proteger a los consumidores de prácticas engañosas o abusivas y que toma acción contra las empresas que no respetan la ley.

Esta Oficina es responsable de ayudar en la recuperación de cerca de 12,000 millones de dólares para 29 millones de consumidores desde su inicio en 2011.

Los republicanos siempre miraron mal al CFBP. La consideraron demasiado independiente y con una autoridad excesiva. No les gustaba las dos características que precisamente hacían que esta entidad pudiera tener como prioridad al consumidor.

La nueva medida cambia desde el nombre del CFBP, a la función y al presupuesto.

Desaparece la entidad que vigila los préstamos hipotecarios, los de autos, los del día de pago (payday loans), las tasas de intereses y regulaciones en las tarjetas de crédito, entre otros.

Lo reemplaza por una entidad anodina, dependiente del Congreso y de la Casa Blanca que no supervisa ni regula, sino que hace analiza y recomienda. Su meta es estimar el impacto en el público y en el mercado de nuevas regulaciones.

La nueva ley también elimina las regulaciones de los grandes bancos, restableciendo los rescates de los contribuyentes para proteger a los acreedores y accionistas. Esto es, a los grandes accionistas, porque limita la influencia de los más pequeños en la decisiones de una empresa.

Es indignante que la necesidad de eliminar la ley Dodd-Frank se base en mentiras como impedir el rescate de los bancos, cuando los restaura. Y culpar a las regulaciones de la muerte de los bancos comunitarios, cuando esta ocurre desde hace décadas debido a la economía débil con intereses demasiado bajos para darle un saludable margen de ganancia.

El CHOICE Act es un regalo para Wall Street que lo pagan los contribuyentes y consumidores. El camino a la Gran Recesión fue una bonanza para los especuladores financieros y una tragedia para quienes perdieron su hogar, mientras que el rescate le llenó el bolsillo a la banca.

Ahora volvemos a lo mismo, condenados a repetir el pasado.