Editorial: Manipulación política

La llamada Ley de Kate explota una tragedia con fines políticos para señalar erróneamente que los indocumentados son un peligro para los estadounidenses. Es un derroche de dinero para la industria de las prisiones con la falsa idea de que mejorará la seguridad pública.

El tema de la inmigración siempre está a mano para unir a los republicanos cuando sus divisiones internas les dificultan avanzar en medidas, como la ley de salud. Mucho más acentuado es ese efecto cuando el crimen entra en la mezcla.

La Cámara de Representantes se apresta a votar dos medidas ligadas a la inmigración: la H.R 3003 para castigar a las ciudades santuarios y la H.R.3004, o Ley de Kate, que aumenta el castigo para los reingresos ilegales al país.

Al mismo tiempo, en la Casa Blanca el presidente Donald Trump se reúne con familiares de víctimas de indocumentados, como hizo durante su campaña, para promover la medida.

Lo irónico de la H.R 3004 es que de haber estado en vigencia no habría impedido la trágica muerte de Kathryn Steinle a manos de Juan Francisco López Sánchez en julio del 2015. Por el contrario, el caso es un ejemplo de cómo las condenas a prisión no desalientan los reingresos a Estados Unidos. López Sánchez fue deportado cinco veces y pasó 15 años preso exclusivamente por el delito migratorio.

Una combinación de errores burocráticos y circunstancias hicieron que él estuviera en el muelle de San Francisco, California, para hacer el disparo accidental que mató a Steinle. Esto no quita la gravedad del hecho ni la autoría confesa de su autor, pero sí cuestiona el uso demagógico del caso.

Es comprensible la preocupación por el reingreso al país de asesinos deportados después de haber cumplido sus condenas.

El problema es que la ley va mucho más lejos para alcanzar al padre o madre que quiere reunirse con su familia, al aumentarles a ellos también la condena presidiaria. La ley también les quita el recurso de disputar su deportación anterior, lo que afecta especialmente a los refugiados.

La entrada en vigencia de la Ley de Kate significará un mayor recargo sobre el sistema judicial federal. El 52% de los casos que recibieron estos tribunales en 2016 ya eran de inmigración, según el proyecto TRAC de la Universidad de Siracusa.

Una mayor cantidad de casos ante el juez, con una ley más estricta, significa un buen negocio para las prisiones privadas. Habrá que construir cerca de nueve prisiones a un precio de miles de millones de dólares que pagarán los contribuyentes por un falso sentido de seguridad.

Es falso, porque fuera de lo anecdótico de las historias personales que no se desmerecen, no hay corroboración estadística, mostrando que la presencia de los inmigrantes legales y sin documentos aumente la delincuencia. Lo que hay, es la manipulación política de los inmigrantes.