¿Por qué asusta la próxima  liberación de miles de prisioneros en México?

MÉXICO.- El Nuevo Sistema de Justicia Penal se anunció con bombo y platillo; hubo fotos y videos en los que salieron sonrientes desde el presidente Enrique Peña Nieto, secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte y jefes de policías en busca de mejorar la justicia que en el papel sonaba bien pero al aplicarse en el día a día algunos cambios escandalizan a más de uno.

Y el más reciente grito en el cielo lo dio el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por la posible y pronta liberación de “miles de reos” (cuatro mil en la capital) que hasta ahora permanecían presos porque el viejo sistema ordenaba prisión preventiva para delitos no graves y el nuevo les da la libertad condicional.

“¡Imagínense: alguien acusado por robo a cuentahabiente saldrá libre!”, advirtió como ejemplo ante medios de comunicación después de que la Corte de Justicia de la Nación determinó  que los juzgados por el viejo sistema (conocido como mixto) también puedan acogerse al beneficio de sanciones alternativas.

Entre este tipo de presos se encuentran (además de los ladrones bancarios de los que habló el alcalde de la capital mexicana),  encarcelados por armas de fuego, ataques a vías y a medios de comunicación, privación de la libertad con fines sexuales, abuso sexual, acoso sexual, estupro, allanamiento de morada, robo sin agravantes o lesiones culposas, entre otros.

“Hay que prepararse”, advirtió Mancera quien actualmente representa a los gobernadores de todo el país en la principal organización de mandatarios estatales y en su representación solicitó a las autoridades competentes revisar el catálogo de delitos considerados “no graves”.

De acuerdo con las reformas al Código Penal Federal (que entraron en vigor en marzo pasado) hoy sólo siete delitos son considerados graves: crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, e infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Durante años, el gobierno mexicano fue acusado de “abusar de la prisión preventiva” y saturar las cárceles con gente acusada de delitos menores. Para atender esta problemática los legisladores optaron por reducir el perfil y agilizar la sentencia condenatoria a alrededor de 109,086 detenidos que en 2006 se encontraban en prisión preventiva.

Desde la Suprema Corte, el ministro José Ramón Cossío, argumentó que no se puede tener a tanta gente por delitos menores y pidió a los actores del proceso penal reconocer sus fallas; entre otra la falta de preparación de los policías, servicios periciales y fiscales que “no construyen bien sus acusaciones”.