Comisión “anti-fraude” electoral inicia labores en medio de tormenta política
Grupos cívicos han demandado a la comisión e insisten en que no existe una "epidemia" de fraude electoral
El abogado y creador de la Ley SB1070 de Arizona, Kris Kobach. Crédito: Getty Images
WASHINGTON.- La comisión creada por el presidente Donald Trump para investigar el presunto fraude electoral masivo de 2016 iniciará mañana oficialmente sus labores, en medio de una tormenta política sobre sus tácticas y nuevas presiones para que renuncie uno de sus líderes, Kris Kobach.
Tras su ascenso al poder en enero pasado, Trump sostuvo que también hubiese ganado el voto popular si no fuese por los hasta cinco millones de “votos ilegales” que favorecieron a su rival demócrata en la contienda, Hillary Clinton.
Hasta la fecha, Trump no ha ofrecido pruebas que sustenten esa acusación, y sus partidarios tampoco han podido demostrar que existe una “epidemia” de fraude en las urnas.
La comisión sobre “integridad electoral”, está a cargo del vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, cuenta con siete miembros republicanos y cinco demócratas, y tiene la misión de estudiar irregularidades en el proceso electoral.
Los expertos han dicho que si bien ha habido casos de doble voto, o de empadronamiento en múltiples estados, éstos son casos aislados y no hay pruebas de que ocurran a mayor escala, como argumentan los republicanos.
Sin embargo, no ha escapado a la controversia incluso antes de iniciar, mañana, miércoles, una serie de cinco reuniones sobre el asunto en los próximos doce meses.
Varios líderes de ambos partidos han criticado la solicitud de la comisión de que las autoridades de todos los 50 estados entreguen todo tipo de información detallada sobre los votantes en cada estado, incluyendo domicilio, afiliación política, historial de voto, y números de Seguro Social.
Algunos estados, como California, Nueva York y Mississippi, se han negado a entregar sus bases de datos electorales por considerarlo una indebida injerencia de la comisión.
La comisión insiste en que quiere los datos para detectar “vulnerabilidades” y ofrecer recomendaciones sobre cómo mejorar el proceso electoral.
Sin embargo, para los demócratas, algunos detractores republicanos, y la mayoría de grupos cívicos, la comisión en realidad lo que busca es restringir aún más el voto de los pobres y las minorías, que tienden a votar más por los demócratas.
En ese sentido, varios líderes demócratas del Congreso y activistas de grupos cívicos, entre éstos “Let America Vote”, han convocado una rueda de prensa para mañana, para exigir salvaguardas al derechos al voto, mientras la comisión realiza la primera de cinco reuniones en un edificio anexo a la Casa Blanca.
Vanita Gupta, exfuncionaria del Departamento de Justicia bajo la Administración Obama y ahora presidenta del grupo “Leadership Conference on Civil and Human Rights”, enfatizó hoy que la meta de la comisión, a su juicio, es “sentar los cimientos para la supresión del voto”, y es el mensaje que repetirá mañana en un foro sobre el tema.
Un historial anti-inmigrante
Grupos progresistas y de la comunidad inmigrante, incluyendo Demos, han señalado que el propio Kobach es conocido por su “cruzada contra los inmigrantes” y, de hecho, fue el autor de la controvertida ley “SB1070” en Arizona.
“La comisión va a recabar una masiva cantidad de datos de los votantes a nivel nacional, potencialmente para compararlos con bases de datos de inmigración del gobierno federal, que conducirá a la persecución de ciudadanos naturalizados y minorías raciales que están inscritos legalmente para votar”, dijo hoy el grupo “Rethink”.
Algunos legisladores demócratas de la Cámara de Representantes exigieron hoy mismo en una carta la renuncia de Kobach, argumentando que éste está utilizando la comisión con fines electorales para promover su campaña para gobernador de Kansas.
Además de criticar sus tácticas, los grupos cívicos también han cuestionado la necesidad de crear la comisión, al señalar que más de una veintena de estados han adoptado leyes que restringen sustancialmente el voto, imponiendo más requisitos sobre el uso de cédulas de identidad y prueba de ciudadanía, por ejemplo.
Además, la comisión afronta numerosas demandas por parte de grupos cívicos, entre éstos la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que acusan a la entidad de falta de transparencia y de no tomar medidas para resguardar información sensible de los votantes.
