32 presos recibirán $2.5 millones de indemnización tras ser torturados en prisión durante años

Usar tasers contra los presos, hacerles girar sobre sus muñecas esposadas a punta de pistola (abuso conocido como “aleteo del pollo”) o despertarles en plena noche con el tema del programa televisivo “Cops” sonando en los altavoces eran prácticas habituales, según los abogados de los demandantes, en el Centro de Detención West Valley en Rancho Cucamonga; donde un grupo de agentes torturó durante años a más de una docena de presos imponiendo su “justicia callejera”.

Ahora, 32 presos, algunos ya en libertad, recibirán 2.5 millones de dólares como parte de un acuerdo en cinco demandas federales contra el condado de San Bernardino y el Departamento del Sheriff del mismo condado, el cual opera esta cárcel.

El martes, bajo los términos del acuerdo, las demandas fueron desestimadas. Un portavoz del Departamento del Sheriff no pudo presentarse de inmediato.

“Estos diputados simplemente pensaron que sería, por alguna razón, humorístico o divertido torturarme, abusar de mí, ponerme pistolas en la cabeza“, dijo el martes el ex recluso Donald Love a Los Angeles Times, “creo que esos caballeros deberían estar en la cárcel”.

Love se encontraba a la espera de juicio por cargos de actos lascivos con un menor y detención ilegal, de acuerdo con los registros del Tribunal Superior del condado de San Bernardino. Durante la segunda mitad de su encierro de tres años, asegura haber sido sometido al “aleteo del pollo” dos o tres veces por semana, a veces mientras los agentes le llamaban “pervertido”.

Él quiso luchar contra su caso, pero aceptó un trato negociado al temer por su vida mientras siguiera entre rejas. “Estaban amenazando mi vida”, afirma, “hice lo que tenía que hacer para salir de allí”. Una vez en libertad, explica que se sometió a una cirugía para reparar su manguito rotador, “desgarrado” por los abusos.

“ALGO CALIENTE Y PICANTE”

Siete agentes fueron despedidos después de que las acusaciones surgieron en 2014, según James Terrell, un abogado que representó a los presos en los casos civiles. Una investigación del FBI sobre posibles violaciones de los derechos civiles en la cárcel está en curso.

Terrell cuenta que algunos reos fueron disparados con tasers incluso en sus genitales sin razón aparente. En algunos casos, los agentes les avisaban que tenían algo “caliente y picante” para ellos, antes de soltar spray de pimienta bajo las puertas de las celdas.

Cuando los presos quisieron quejarse los funcionarios retuvieron el formulario de quejas, según este abogado. “El trabajo de un agente no es el de imponer la justicia callejera ni sus propios actos dementes, enfermos y torturadores sobre otras personas por puro placer”, aseguró Terrell a Los Angeles Times.