Los Ángeles quiere que sus contratistas divulgan si están vinculados al muro fronterizo
La ordenanza, dijo el Concejo Municipal, busca "promover la transparencia"
Crédito: HERIKA MARTINEZ | Getty Images
El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una medida que busca imponer sanciones y multas para contratistas que no informen públicamente si han participado en algún aspecto de las licitaciones para construir el muro en la frontera con México.
En ese sentido, el Concejo aprobó con 13 votos a favor y ninguno en contra ordenar a la Fiscalía de la ciudad que elabore un proyecto de ordenanza para promover la “transparencia” de contratistas y proveedores.
“Esta medida es presentada para que tengamos transparencia entre los contratistas y queremos saber si las personas que hacen negocios con la ciudad de Los Ángeles tienen un compromiso, si comparten [nuestros] valores”, argumentó su impulsor, el concejal Gil Cedillo.
Cedillo solicitó el apoyo de los concejales en la resolución como una “importante victoria mientras pasamos a través de esta era oscura, la administración de Donald Trump”.
Una vez elaborada la propuesta por la fiscalía angelina deberá volver al pleno del Concejo para una aprobación definitiva.
No obstante, algunas organizaciones han visto la medida como discriminatoria y en contra de la libertad de negocios.
“En un estado donde la infraestructura de agua y de transporte está literalmente desmoronándose ante nuestros ojos, ¿es aconsejable expulsar a las empresas con experiencia capaces de restaurar esta infraestructura que se derrumba?”, cuestionó Tim Murphy, presidente de la Federación de Intercambios de Constructores de California (CALBX).
La Asociación General de Contratistas de Estados Unidos, en un comunicado reciente, denunció la medida como “discriminatoria” y perjudicial para los trabajadores.
Entre otras organizaciones, la Asociación de Contratistas del Sur de California también manifestó su rechazo a la iniciativa.
CALBX igualmente se ha opuesto a propuestas similares en Berkeley, Oakland y San Francisco.
“Para un estado calificado en el puesto 50 (del país) por su facilidad para hacer negocios, se podría pensar que la última gota ya ha sido derramada, pero estos representantes elegidos siguen desafiando la razón y penalizando a los empleadores”, agregó Murphy.
