La protección a los ahorradores vuelve a retrasarse

El Departamento de Trabajo ha vuelto a pedir un nuevo retraso en la implementación de la normativa de la Obligación Fiduciaria, puesta en marcha en 2016 por Barack Obama para asegurar que los asesores financieros actuan en el mejor interés de sus clientes a la hora de diseñar sus planes de 401k o IRA.

Esta normativa de protección a los ahorradores, que según el calendario de la anterior Administración tendría que haber entrado en vigor, se había retrasado ya hasta enero de 2018 con el nuevo Gobierno. Ahora, el secretario de Trabajo, Alexander Acosta, ha solicitado un retraso adicional de 18 meses más. Curiosamente, Acosta había aceptado a princios de año que no había bases legales para rescindir o retrasar la entrada en vigor.

Pero los lobistas de la industria financiera se han opuesto ferozmente a esta regla diciendo que elevará mucho el costo del asesoramiento lo que dejaría a muchas personas fuera del mercado de inversión. Además de la campaña política los lobistas están dando la batalla contra esta norma en los tribunales.

Desde el Economic Policy Institute (EPI) se calcula que este retraso, que puede llegar a ser una rescisión, puede ser “enormemente caro para los ahorradores para su retiro”. Los anteriores retrasos en la implementación de la regla se calculaba que supusiera unos $7,600 millones en 30 años . Ahora, este grupo de estudio estima que los ahorradores pierdan otros $10,900 millones en esas tres décadas. Los retrasos causan pérdidas porque las ganancias se integran en las cantidades que se ahorran y las pérdidas perjudican a largo plazo. Las ganancias que no se logren por no seguir unas lineas de inversión más adecuadas para cada persona evitarán una mayor acumulación de beneficios para los ahorradores.