Nueva ley de California protege a indocumentados de amenazas de deportación de arrendatarios
La medida AB 291, presentada por su el asambleísta David Chiu y firmada por el gobernador Jerry Brown, protegerá a los inquilinos indocumentados que sufran este tipo de amenazas por parte de los dueños de las propiedades
Muchos inquilinos se encuentran en problemas para pagar la renta. Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
Los inquilinos indocumentados de California estarán protegidos de amenaza de deportación hechas por sus arrendadores, según establece una ley firmada por el gobernador.
La medida AB 291, presentada por su el asambleísta David Chiu y firmada por el gobernador Jerry Brown, protegerá a los inquilinos indocumentados que sufran este tipo de amenazas por parte de los dueños de las propiedades.
Chiu agradeció hoy al gobernador “por respetar a los inmigrantes al firmar AB 291”, sobre la cual Brown no había manifestado su posición.
“Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias”, expresó hoy el gobernador en un mensaje.
La ley busca “establecer varias protecciones y salvaguardas contra el suministro no autorizado de información del estado de inmigración o ciudadanía de los inquilinos a las autoridades federales o a otras partes”.
Igualmente la medida, cuyo coautor es el asambleísta demócrata Rob Bonta, prohíbe “el acoso, la venganza o la discriminación contra los inquilinos con base en su estatus actual o percibido de inmigración o ciudadanía”.
La AB 291 forma parte de un paquete de cerca de una docena de leyes firmadas hoy por Brown para “proteger la seguridad pública y asegurar que la gente trabajadora que contribuya nuestro estado sea respetada”, según aseguró su oficina.
“Esta medida detendrá a la pequeña minoría de dueños de propiedades que de manera inescrupulosa se aprovechan de la situación de inmigración real o percibida de sus inquilinos para participar en abusos”, sentenció Chiu.
Con la nueva ley los inquilinos podrán demandar a los propietarios cuando se sientan amenazados o sufran abusos por su condición de inmigrantes indocumentados.
De ser declarado culpable, un arrendador denunciado tendrá que pagar daños entre seis y 12 veces el valor mensual del arriendo del inquilino.
