Editorial: El derecho al aborto de las migrantes

Ellas tienen el mismo derecho de toda mujer estadounidense a optar por la terminación del embarazo

Guía de Regalos

Editorial: El derecho al aborto de las migrantes
La identidad de la joven de 17 años se mantiene oculta.
Foto: Getty Images

La joven centroamericana conocida, como Jane Doe vive una pesadilla.

Se halla en la intersección de las políticas sobre inmigración y aborto de la administración Trump. Entre la amenaza de la deportación y la imposición gubernamental de valores religiosos, a lo que es una decisión personal.

La indocumentada llegó a Estados Unidos con 11 semanas de embarazo huyendo de su país. Ahora, que está detenida bajo la jurisdicción de la Oficina de Reubicación de Refugiados, quiere terminar su embarazo. El gobierno dice se vaya del país, porque ellos no quieren ser “cómplices” del aborto.

Los tribunales primero fallaron a favor de la joven, después un panel federal de apelaciones respaldó el argumento oficial de que primero hay que hallar un auspiciador de la muchacha para que, ya en su custodia, ella haga lo que quiera.

El argumento de posponer es engañoso. La ley de Texas prohíbe el aborto después de las 20 semanas, la joven tiene 16. El trámite del auspiciador puede tomar meses.

Lo único que se pide a la Oficina de Refugiados es que la autorice a ir a una clínica para hacer el procedimiento que ella pagará. La negativa es parte de las medidas contra el aborto diseñadas para atraer el apoyo de la derecha religiosa.

El director de la Oficina de Refugiados, E. Scott Lloyd, es un prominente activista antiaborto. Bajo su guía, a la joven la llevaron a consejería para que tenga el bebé y le tomaron un sonograma para que vea el feto. Incluso Lloyd fue a convencer personalmente a la muchacha.

El argumento legal usado ante los tribunales refleja la capacidad de la administración de manipular el miedo y de mentir para lograr sus objetivos.

Es inadmisible que se afirme que la negativa impuesta al deseo de la joven “asegure que nuestro país no se convierta en un santuario para un aborto financiado por los contribuyentes a menores que cruzan la frontera ilegalmente”.

Es intolerable que se hable de santuario, cruce ilegal de la frontera y el derroche del dinero de los contribuyentes en indocumentados, para impedir que una mujer decida sobre su cuerpo.

Es una hipocresía argumentar ante los tribunales el “fuerte interés legítimo” del gobierno en el bienestar de “la adolescente y el bebé sin nacer”; cuando se la estimula para que aborte fuera del país.

La actitud de la Oficina de Refugiados crea un precedente peligroso. Hay mujeres y menores que llegan embarazadas, huyendo del abuso, del tráfico sexual, de la prostitución esclavizante o son violadas en el cruce fronterizo.

Ellas tienen el derecho de toda mujer estadounidense a optar por la terminación del embarazo.

Nadie dice que lo pague el gobierno, sino que no se le impongan los valores religiosos de la administración ni del funcionario de turno.