EEUU prevé “procesar” a niña con parálisis cerebral para posible deportación
Es una niña vulnerable, discapacitada que fue sometida a una operación. Necesita estar con su familia y no bajo custodia migratoria
Niña de 10 años enfrenta deportación. Crédito: Cortesía Alex Galvez
WASHINGTON – Rosa María Hernández se recupera en un albergue para niños indocumentados en San Antonio (Texas) de una operación de vesícula, pero el gobierno de EEUU dijo este viernes que será “procesada” en cuanto sea posible, dando luz verde a su posible deportación.
Hernández, de 10 años de edad, fue sometida a una operación de vesícula el miércoles pasado en el Hospital Driscoll para Niños en Corpus Christi, donde estuvo bajo vigilancia de la Patrulla Fronteriza, que escoltó a la ambulancia en la que ella viajaba con su prima.
Tras salir del quirófano, Hernández fue trasladada a un albergue en San Antonio que opera el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para niños menores indocumentados.
El HHS, que tiene bajo su cargo a niños indocumentados no acompañados y detenidos por la Patrulla Fronteriza, aún no ha determinado si entregará Hernández a sus padres, que viven en Laredo, a 150 millas.
Bajo los reglamentos actuales, el HHS típicamente envía a los menores a albergues bajo su gestión, o los entrega a la custodia de sus padres, guardianes, familiares cercanos y demás adultos responsables, a la espera de la resolución de sus casos en los tribunales de Inmigración.
HHS dijo a este diario que no comenta sobre casos individuales para proteger la vida privada de los menores bajo su custodia y tampoco los identifica públicamente.
Sin embargo, explicó que los menores detenidos por DHS son transferidos a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de la agencia, y que el proceso para “soltarlos” implica numerosos pasos: identificar a quién entregarlos; evaluación de la solicitud correspondiente; revisión de antecedentes y confirmación de vínculos familiares del solicitante y, en algunos casos, inspección del hogar.
Por su parte, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidió el anonimato, reiteró la justificación que diera el miércoles la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP): la ley es la ley y Hernández será “procesada debidamente” en cuanto sea posible.
“Ella es una menor indocumentada… (los agentes de CBP) siguieron los procedimientos adecuados. Una vez que obtiene el tratamiento médico adecuado, ella tiene que ser procesada”, explicó la portavoz.
Hernández y su prima, Aurora Cantú, -una ciudadana estadounidense-viajaban en ambulancia a las dos de madrugada rumbo al hospital donde la niña debía ser operada. Cuando pasaron por un punto de revisión de la CBP, la agencia detuvo la ambulancia, constató que la niña es indocumentada y decidió escoltarla hasta el hospital.
El consulado mexicano en San Antonio confirmó a este diario que el personal ha visitado a la niña -que no sabe ni entiende lo que está pasando-, y está ofreciendo asistencia legal y financiera a la familia.
Presiones de demócratas y activistas
La explicación del DHS ha generado la repulsa de líderes demócratas y activistas de grupos pro-inmigrantes, no sólo porque la niña no viajaba “sola”, lleva 10 años en EEUU -no cruzó ayer la frontera-, y tiene una severa discapacidad mental.
Además, Hernández tiene derechos constitucionales y su caso tiene el potencial de crear un problema de salud pública si los padres indocumentados temen buscar asistencia médica para sus hijos.
“Es mi esperanza que Rosamaría será entregada a la custodia de su familia una vez que se programe su audiencia migratoria”, dijo el congresista demócrata por Texas, Henry Cuéllar.
Otros líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso también han enviado cartas a la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, para denunciar las acciones de la CBP en el caso, y exigir la puesta en libertad de Hernández.
Una fuente legislativa demócrata, que pidió el anonimato, dijo a este diario que la bancada demócrata está tratando de conseguir respaldo de los republicanos para presionar a la Administración a que deje en libertad a la menor.
“A esta Administración simplemente no le importa lo que digamos los demócratas, y por eso estamos buscando el apoyo de republicanos que muestren compasión en este caso. Lo más probable es que la niña consiga algún alivio mediante un litigio, así que estamos sopesando estrategias legales para que sea entregada a su familia”, explicó.
La niña no es terrorista
Dos congresistas demócratas que llevan asuntos jurídicos y migratorios en la Cámara de Representantes, Zoe Lofgren, de California, y John Conyers, condenaron que el DHS se esté ensañando con inmigrantes indocumentados en sitios “sensibles”, como hospitales, pese a dar garantías de que no lo haría salvo que hubiese circunstancias de seguridad nacional extraordinarias.
También destacaron que la Administración Trump está violando su propia palabra de perseguir sólo a “bad hombres”, pandilleros y gente peligrosa.
“Rosamaría Hernández no es ni uno ni otro. Es una niña vulnerable, discapacitada que fue sometida a una operación. Necesita estar con su familia y no bajo custodia migratoria”, indicó la misiva.
Hernández es una “niña vulnerable” no una terrorista ni una amenaza para la seguridad pública, y su arresto, por el contrario, solo pone en peligro su salud y bienestar, dijeron los congresistas.
La senadora Dianne Feinstein también envió una carta similar a Duke. Ninguna de las cartas ha recibido respuesta.
Grupos pro-inmigrantes como “America´s Voice”, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y el “Workers Defense Action Fund”, también han condenado el caso, y planifican protestas en las próximas semanas en Laredo y Washington.
