Gobierno de Trump se prepara a acelerar deportaciones para resolver “retrasos” en las cortes

La medida permitiría que agentes de ICE tomaran la decisión unilateral de deportar a alguien si pasar por un juez si inmigrante no puede demostrar que ha vivido más de 90 días en el país. Abogados recomiendan "documentar" residencia y tener pruebas a mano.
Gobierno de Trump se prepara a acelerar deportaciones para resolver “retrasos” en las cortes
Foto: ICE

Aunque mayor agresividad de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo el gobierno de Donald Trump ha significado un aumento del 37% en arrestos, las deportaciones siguen por debajo de la norma anual debido presuntamente en parte a retrasos en las cortes y mayores recursos para defensa de los inmigrantes.

El gobierno, sin embargo, ha venido mencionando una presunta solución a este problema que está considerando en forma interna y cuya aplicación podría ser inminente: aplicar la deportación rápida o expedita -típica de la frontera- en todo el país, a personas que no puedan comprobar más de 90 días de estadía en Estados Unidos.

La “deportación expedita”, un proceso en el que se expulsa del país a un extranjero sin darle la oportunidad de defender su caso ante un juez, es uno de los métodos escogidos por el gobierno de Donald Trump para maximizar el daño en la comunidad inmigrante.

Mark Silverman, abogado del Immigration Legal Resource Center (ILRC) en San Francisco, dijo que la deportación expedita significa principalmente una cosa: la persona es deportada sin derecho de ir ante un juez a defender su caso.

“En otras palabras, se trata de la opinión del agente migratorio que te detiene”, dijo Silverman. “No habrá detención prolongada o audiencia ante un juez. Podría ser: te recogen y te llevan directo a la frontera, aunque no siempre”.

Según ILRC, si la deportación expedita se amplía a personas que no pueden probar estadía dentro de Estados Unidos por más de 90 días y que sean arrestadas en cualquier parte del país, DHS podría deportar sumariamente a por lo menos 40,000 personas adicionales por año.

Crecen las menciones del cambio

El gobierno de Trump no tiene que preguntarle a nadie, ni siquiera al Congreso, si puede cambiar la aplicación de esta herramienta, ya que esta fue establecida como ley en 1996 durante el gobierno de Bill Clinton.

La ley permite aplicar este tipo de deportación sin juez a personas que no puedan comprobar hasta 2 años de residencia en Estados Unidos, aunque sean indocumentados.

“Desde que este tipo de deportación se creó por ley en 1996, nunca se ha implementado totalmente”, explicó Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de Cornell University y uno de los principales expertos del país en ley migratoria.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos usaba este mecanismo únicamente con delincuentes convictos y con personas que no pudieran probar más de dos semanas en el país y fueran arrestados cerca de la frontera.

En 2004, el gobierno de George W. Bush dictó regulaciones para usar el mecanismo a personas que tuvieran menos de 14 días en el país y dentro de 100 millas de la frontera.

Pero el gobierno de Trump ha venido dando cada vez más señales de que quiere cambiar esas regulaciones.

En julio pasado, un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional se filtró a los medios. En dicho documento se indicaba que el gobierno se prepara para ampliar la aplicación de la “deportación exprés” o expedita en todo el país.

Las personas que no puedan comprobar más de 90 días de residencia, podrían ser deportadas “ipso-facto”.

“Mi consejo es que vayan documentando su presencia en este país y tengan la información a mano”, dijo Silverman.  

La intención de aumentar el uso de la deportación expedita es, supuestamente, evitar añadir  más casos al “backlog” o retraso acumulado en cortes de inmigración, pero el resultado, según expertos será un aumento rápido en deportaciones.

Este tema se ha venido mencionando en las últimas semanas y la Casa Blanca lo incluyó el mes pasado en su lista de “prioridades de inmigración”.

En el documento de la Casa Blanca del pasado 8 de octubre, se indica que “nunca podrá haber seguridad fronteriza mientras tengamos un retraso de más de 600,000 casos en tribunales de inmigración que previene la deportación de los que cruzan ilegalmente”.

Entre las medidas que la Casa Blanca dijo estar considerando para contrarrestar el retraso, la primera es, justamente “expandir y reforzar el proceso de deportación expedita”.

Avideh Moussavian, del National Immigration Law Center dijo que aplicar las deportaciones rápidas para resolver los retrasos en las cortes equivalen a una “perversa manera de resolverlo”.

“Tenemos razones para pensar que si el retraso ha aumentado es en gran parte porque se niegan a aplicar la discreción procesal, como se hacía hasta ahora”, dijo Moussavian.

Hace unos días, la portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders mencionó la deportación expedita en el contexto de las negociaciones del “Dream Act”, sin aparente conocimiento de que realmente el gobierno no necesita la aprobación del congreso para aplicar este cambio.

Pero si no han hecho este cambio hasta ahora es quizá porque es casi seguro que el anuncio generaría demandas inmediatas contra la práctica, dicen expertos.

Kevin Johnson, profesor de leyes de la Universidad de California en Davis y coordinador del blog Immigration Prof Blog, dijo que el vasto uso de la “deportación expedita” generará “muchas preguntas legales sobre temas constitucionales y seguramente habrá demandas al respecto”.

¿Qué es la deportación expedita y a quien afectaría?

En la deportación expedita, el agente de inmigración es literalmente “el juez” que decide quién debe ser deportado o no. En el pasado, esto ha resultado en la deportación de personas que no son indocumentados o extranjeros delincuentes, e incluso ciudadanos.

En la deportación tradicional, un migrante puede pelear su caso ante un juez y obtener diversos tipo de alivio migratorio, y contar con tiempo para defenderse, contratar un abogado, etc.

Según los lineamientos dados a conocer este lunes en memos del Departamento de Seguridad Nacional, el actual gobierno pretende hacer uso máximo de esta herramienta creada en 1996, originalmente para expulsar a delincuentes y a personas que han cruzado recientemente la frontera en forma acelerada.

Pero a diferencia de anteriores gobiernos, que usaron la “deportación expedita” únicamente entre los recién llegados -14 días de cruzar la frontera- y dentro de las 100 millas más cercanas a las fronteras, la intención del gobierno de Trump es utilizar el mecanismo hasta lo máximo permitido por la ley (dos años).

No obstante, hay evidencias de que están considerando una ampliación más modesta, a solo 90 días.

Solo si un migrante expresa temor a regresar a su país por amenazas a su vida, y recibe del agente migratorio una entrevista de “miedo creíble” para iniciar un proceso de asilo, se puede evitar la aplicación de esta deportación rápida, dijo Jawetz.

“Es la única “válvula de escape”, dijo. “Y en el caso de los mexicanos cuyo país está al cruzar la frontera y que pueden ser deportados ipso facto, es posible que una persona sea deportada antes que pueda probar que no cae dentro de estas categorías, tiene un miedo creíble o más de dos años y familia en este país”.

Desde que se creó en 1996, la deportación acelerada (expedited removal) ha sido crecientemente utilizada en deportaciones, hasta el punto que 44% de las deportaciones formales realizadas en el año de mayor intensidad (2013) eran de este tipo. Casi 200,000 personas fueron deportadas así ese