Mujer de California enfrenta cargos por presuntamente pagar a personas sin hogar para registrarse y votar
Según documentos judiciales provistos por la fiscalía federal, el esquema de Armstrong operaba principalmente en el barrio de Skid Row, centro de Los Ángeles
Imagen ilustrativa. Hombres indigentes duermen en un vagón del metro el jueves 22 de febrero de 2018 en Nueva York. Crédito: Mark Lennihan/ Archivo | AP
Una mujer del área de Los Ángeles enfrenta cargos federales tras ser acusada de presuntamente pagar a personas, incluidas algunas en situación de calle, para que se registraran para votar utilizando direcciones aparentemente falsas, en un caso que vuelve a colocar el debate sobre la integridad electoral en el centro de la discusión política en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia informó que Brenda Lee Brown Armstrong, de 64 años y residente de Marina del Rey, aceptó declararse culpable de un delito relacionado con el pago a otra persona para que se registrara para votar en elecciones federales. La acusación podría derivar en una condena máxima de hasta cinco años de prisión.
De acuerdo con fiscales federales, Armstrong trabajó durante aproximadamente dos décadas como recolectora de firmas para iniciativas electorales en California. Su labor consistía en recorrer distintas zonas del condado de Los Ángeles buscando votantes registrados para firmar peticiones relacionadas con referendos, revocatorias e iniciativas estatales.
Las autoridades señalaron que el esquema se habría desarrollado principalmente en Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles conocida por la alta concentración de personas sin hogar. Según la investigación, Armstrong ofrecía pequeños pagos en efectivo, generalmente de entre dos y tres dólares, además de artículos como cigarrillos y tarjetas prepagadas para teléfonos celulares, a cambio de firmas y registros electorales.
Fiscalía asegura que utilizó direcciones falsas
Los fiscales sostienen que muchas de las personas contactadas no tenían domicilio fijo, por lo que Armstrong presuntamente les proporcionaba una antigua dirección suya en Los Ángeles para completar los formularios de inscripción electoral.
Debido a que California envía automáticamente boletas por correo a todos los votantes registrados, las autoridades indicaron que algunas papeletas podrían haber sido enviadas a esa dirección, aunque hasta el momento no se ha informado de votos emitidos ilegalmente ni de alguna elección específica afectada.
Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon aseguró que el gobierno federal busca proteger la confianza pública en el sistema electoral.
“Los registros fraudulentos socavan la confianza de los estadounidenses en las elecciones, especialmente cuando existen pagos de por medio”, declaró Dhillon.
Por su parte, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, afirmó que el caso forma parte de un esfuerzo del Departamento de Justicia para perseguir posibles delitos electorales y garantizar procesos “libres de interferencias ilegales”.
Las autoridades federales indicaron que Armstrong llamó la atención de los investigadores después de la difusión de un video grabado con cámara oculta por Project Veritas, organización conservadora fundada por James O’Keefe.
El caso revive el debate político sobre fraude electoral
Aunque el gobierno federal presentó el caso como una acción contra posibles irregularidades electorales, expertos y tribunales estadounidenses han reiterado en años recientes que no existe evidencia de fraude electoral generalizado capaz de alterar resultados nacionales.
La administración del presidente Donald Trump ha mantenido como prioridad política el endurecimiento de controles electorales desde las elecciones presidenciales de 2020, en las que Trump perdió frente al entonces candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, múltiples demandas impulsadas por aliados del mandatario fueron rechazadas por tribunales debido a falta de pruebas.
En el caso de Armstrong, los fiscales no han acusado hasta ahora a ninguna campaña política ni han revelado afiliación partidista relacionada con la acusada. Essayli dijo que la orientación política de la mujer “es irrelevante” para el proceso judicial.
La investigación estuvo a cargo del FBI y de fiscales del Distrito Central de California. Armstrong deberá comparecer ante una corte federal en Santa Ana en las próximas semanas para formalizar su declaración de culpabilidad.
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