DHS elimina TPS para Haití, con demora de 18 meses

WASHINGTON – En vísperas del feriado por el “Día de Acción de Gracias”,   el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes la cancelación del Estatus de Protección Temporal para unos 59,000 haitianos,  con una demora de 18 meses, hasta julio de 2019,  para permitir una “transición ordenada” para quienes perderán el beneficio que los protege de la deportación.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios de alto rango del DHS  dijeron desde el anonimato que la secretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, ha decidido cancelar el TPS para Haití, otorgado tras el devastador terremoto de 2010, por considerar que las “condiciones extraordinarias temporales” que lo justificaron “ya no existen”.

Sin embargo, Duke también otorgó una demora de 18 meses para permitir una “transición ordenada” para que el gobierno de Haití pueda prepararse para la “reintegración y retorno de su gente”.

Los funcionarios consideraron que esa ventana es tiempo suficiente para que  los haitianos afectados puedan arreglar sus asuntos en EEUU y preparar su salida.

En ese período, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) trabajará  con el Departamento de Estado y otros componentes del DHS y el gobierno de Haití para explicar el alcance de la decisión y “facilitar una transición ordenada”, insistieron.

Preguntado por este diario sobre si los haitianos serían blanco de detención y deportación en este período, un funcionario dijo que el TPS se mantendrá en vigor para esta comunidad de “tepesianos” hasta el 22 de julio de 2019 y los haitianos que continúen reuniendo los requisitos del programa “no serán elegibles para acciones de deportación”.

Asimismo, aseguraron “sólo el Congreso puede tomar acción” para resolver de forma permanente la situación de los más de 320,000 “tepesianos” que quedarán expuestos a posibles trámites de deportación una vez que venzan sus permisos.

Los funcionarios no quisieron detallar  las consultas que hizo Duke con numerosas fuentes y agencias del gobierno  para tomar su decisión, pero indicaron que éstas fueron “constructivas”.

Duke se reunió recientemente en Washington con el canciller y el embajador de Haiti, Antonio Rodrigue  y Paul Atidor, respectivamente, para discutir el asunto, según informaron.

Sobre qué pasará con los hijos nacidos en EEUU de haitianos amparados al TPS, otro funcionario dijo que las familias afectadas tendrán que determinar “caso por caso” su situación particular,  buscar alternativas legales para permanecer en este país mediante un ajuste migratorio, o solicitar beneficios migratorios adicionales.

Se calcula que, en su conjunto, los más de 320,000 inmigrantes de diez países amparados al TPS tienen más de 270,000 hijos  nacidos en EEUU. De éstos, 27,000 son hijos de inmigrantes  haitianos, según  un informe sobre quiénes son los “tepesianos”, hecho por el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).

Horas antes del anuncio, expertos cívicos y religiosos urgieron al presidente Donald Trump a que, como gesto de buena fe por el “Día de Acción de Gracias”, extendiese por 18 meses el TPS para los haitianos, al señalar que Haití no está listo  para recibir a quienes puedan ser deportados.

También señalaron, en declaraciones a este diario, que el Congreso debe buscar una solución  permanente, si bien no esperaban que ésta fuese la última prórroga.

Es que, desde que Haití fue incluido en 2010 entre los países beneficiados por el TPS, ese país no sólo ha sufrido las secuelas del terremoto sino también epidemias como el cólera, escasez de empleos, y más desastres naturales, como el huracán “Matthew” en 2016 y los ciclones “Irma” y María” este año.

“Cuando (Kelly) dio la extensión de 6 meses lo hizo por las condiciones que vio en ese momento, pero ahora Haití ha sido golpeado por dos huracanes que han agravado los problemas de salud pública –ha habido un aumento de la difteria-, la inseguridad alimentaria, y la crisis de vivienda”, explicó Tom Jawetz, analista del CAP.

“No hay duda de que las cosas han empeorado sobre el terreno. No hay manera de que alguien vea la situación y diga honestamente que los haitianos ya no necesitan el TPS”, enfatizó Jawetz, al agregar que el Congreso también debe aportar una solución permanente.

Por su parte, Ashley Feasley, directora de políticas públicas de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB, en inglés), presentó una copia de un informe elaborado por una delegación de la entidad que visitó Haití a principios de septiembre pasado.

Ese informe determinó que, pese al progreso en Haití, la recuperación “está lejos de concluir” -55,000 personas siguen apiñadas en campamentos temporales- y persisten las condiciones que permitieron la concesión del “TPS”, encima de la extrema pobreza y los brotes de cólera.

“A los obispos católicos les preocupa mucho el bienestar de los haitianos amparados al TPS, porque el país no está listo para su repatriación. El informe recomienda la extensión de 18 meses por razones humanitarias, de seguridad regional y de protección comunitaria y, a largo plazo, una solución permanente por parte del Congreso”, precisó Feasley.

El TPS es un alivio migratorio aprobado por el Congreso en 1990 y que concede una estancia legal temporal a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países por conflictos civiles, desastres naturales, u otras circunstancias extraordinarias.

En el caso de los haitianos, el entonces secretario de Seguridad Nacional y ahora jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, anunció el pasado 24 de mayo una prórroga de 6 meses mientras evaluaba la situación en Haití, aunque también sugirió que el TPS es, por definición, “temporal” y que los haitianos debían prepararse para su eventual salida.

Bajo el estatuto, Duke tenía hasta este próximo jueves para anunciar si extendería o no el TPS a los haitianos más allá de su vencimiento el próximo 22 de enero.

La comunidad inmigrante se ha mantenido en vilo después de que el DHS anunció el pasado 6 de noviembre  la cancelación, para enero de 2019, del “TPS” para unos 2,550 nicaragüenses, y una extensión de seis meses para unos 57,000 hondureños, hasta julio de 2018.

El próximo plazo del DHS será el próximo 8 de enero,, cuando tenga que anunciar si extiende el TPS, y por cuánto, para hasta 200,000 salvadoreños.

Si no surgen alternativas, una eventual deportación de todos los “tepesianos” de Haití, Honduras y El Salvador -los tres grupos con  mayor número de beneficiarios-, generaría a la economía nacional una pérdida de $3,100 millones, y una reducción de $45,200 millones al Producto Interno Bruto (PIB) en una década, según un informe del Centro para Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, en inglés)

Rechazo a decisión 

Aunque el anuncio fue celebrado por grupos de derecha que consideran que la Administración debe desalentar la inmigración ilegal, la mayoría de grupos cívicos, religiosos, empresariales y sindicalistas de todo EEUU condenaron la decisión, y así lo dejaron de manifiesto en las redes sociales y en una llamada telefónica.

Numerosos líderes demócratas  y republicanos de ambas cámaras del Congreso también habían venido presionando para que la Administración extendiera el TPS para los haitianos, y esta noche repudiaron el anuncio.

El legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, dijo que el terremoto de 2010 generó enormes pérdidas y sufrimiento para los haitianos y “obligarlos a salir de EEUU sería perjudicial”, porque,  casi ocho años más tarde, ese país se encuentra en total caos “y aún requiere mucha reconstrucción”.

Díaz-Balart  urgió a la Administración a que reexamine su decisión, repitiendo el mismo llamado que hizo cuando el DHS canceló el TPS para los nicaragüenses.

El senador republicano por Florida, Marco Rubio, se hizo eco en una carta de opinión en el diario “The Miami Herald”  de quienes aseguraron que los haitianos no sólo contribuyen con sus remesas a la reconstrucción de Haití sino también al tejido social, económico, político y cultural de EEUU.

Según cifras del ILRC, la deportación de los “tepesianos” de Haití le costará a EEUU una pérdida de más de $468 millones, una reducción de su PIB por $2,000 millones en una década, y una pérdida de $428 millones por concepto de contribuciones al Seguro Social y Medicare en ese mismo período.