El “soborno” de Jeff Sessions a las “ciudades santuario”

CHICAGO – La semana pasada, el fiscal general Jeff Sessions presumió que el 80 por ciento de los condados y ciudades que obtendrán parte de los casi $100 millones de dólares para contratar nuevos policías aceptaron ayudar al gobierno federal en sus operativos contra inmigrantes.

“El Departamento de Justicia anunció que el 80 por ciento de los beneficiarios del Programa de Contratación de Policías (COPS, por sus siglas en inglés) de este año han acordado cooperar con las autoridades federales de inmigración en sus instalaciones de detención“, expresó el funcionario en un comunicado. “Aplaudo su compromiso con el estado de derecho y la eliminación de los delitos violentos, incluidos los delitos violentos derivados de la inmigración ilegal”.

Sessions dijo que continuará alentando a todas las jurisdicciones de Estados Unidos a colaborar con las autoridades federales y ayudarlas a hacer que este país sea más seguro y a detener a indocumentados, aunque esas medidas son consideradas por los funcionarios de condados o ciudades “santuarios” como una especie de soborno, de chantaje político para condicionar la asignación de recursos federales.

El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, denunció que el gobierno del presidente Donald Trump no respeta las órdenes judiciales al insistir en su presión a las ciudades que ofrecen “santuario” a los indocumentados con recortes de fondos federales.

“Dos jueces federales bloquearon el intento del Departamento de Justicia de utilizar una subvención federal para chantajear a las ciudades santuario”, declaró Emanuel en un comunicado.

“Ahora doblan la apuesta y nos quieren imponer condiciones nuevamente con otra subvención”, señaló el alcalde, que el pasado lunes recibió 3,1 millones de dólares para la contratación de policías, fondos que no puede gastar a menos que demuestre su disposición de colaborar en tareas de inmigración.

La nueva subvención se denomina COPS en inglés y al igual que la anterior, llamada Byrne JAG, destina fondos federales para seguridad pública local y estatal.

Chicago demandó en septiembre al fiscal Sessions por los condicionamientos de la primera subvención y logró un primer dictamen federal de bloqueo de la orden, que fue seguido por otro dictado esta semana en San Francisco.

En ambas instancias los jueces consideraron inconstitucional la orden ejecutiva que Trump emitió al poco de llegar a la Casa Blanca en enero pasado y por la que se cortaba fondos a las jurisdicciones que rechazan colaborar en programas de inmigración, de competencia federal y por lo tanto voluntarios.

“Uno piensa que el Departamento de Justicia tiene otras prioridades en qué enfocarse en lugar de tratar de hacer política con la seguridad pública”, dijo Emanuel.

“Tengo un mensaje para el presidente Trump: los valores de Chicago no están a la venta, seguiremos siendo una ciudad que acoge y protege a todos los inmigrantes”, afirmó.

Las denominadas “ciudades santuario”, que ascenderían a unas 200 jurisdicciones entre ciudades, condados y algún estado de todo el país, se encuentran en la mira del Gobierno federal, y según ha declarado el fiscal federal, Jeff Sessions, está dispuesto a llegar al Tribunal Supremo para lograr que colaboren en tareas de inmigración.

Con información de EFE