Informe interno del DHS delata maltrato de detenidos por ICE
El Departamento ha hecho revisiones aleatorias en los centros de retención
Inmigrantes en un centro de detención bajo la jurisdicción de ICE. Crédito: John Moore | Getty Images
WASHINGTON— Los inmigrantes detenidos en cuatro instalaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) con frecuencia sufren maltrato, afrontan condiciones inseguras, o son privados de sus derechos y protecciones, según denunció este jueves un informe de la Oficina del Inspector General (OIG).
El informe condenatorio de la OIG de unas 16 páginas es producto de inspecciones aleatorias que llevó a cabo la entidad en cinco instalaciones para inmigrantes indocumentados, tras recibir llamadas de los propios detenidos.
“ICE tiene un papel exigente y altamente visible al hacer cumplir las leyes de inmigración. Igual de importante es su papel para detener y alojar a los inmigrantes indocumentados que arresta… el trato de los detenidos en instalaciones de ICE debe ser humano, ceñirse a todas las regulaciones, y estar libre de reproches”, dijo el Inspector General interino, John Kelly.
Aunque no todas las instalaciones tuvieron problemas, las inspecciones sí revelaron irregularidades en cuatro de éstas, comenzando con el proceso de registro de los detenidos, además de condiciones “potencialmente inseguras e insalubres”.
“El personal no siempre trató a los detenidos con respeto y profesionalismo, y algunas instalaciones podrían haber practicado la segregación” como castigo, indicó la OIG, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En el centro de detención de Stewart en Lumpkin (Georgia), donde un detenido se suicidó a principios de año, algunos detenidos fueron alojados junto a otros de “alto riesgo criminal”, poniendo en peligro su seguridad. Los agentes del centro también interrumpieron o demoraron los minutos de oración que deben cumplir detenidos musulmanes.
En la cárcel local de Santa Ana (California), los agentes no documentaron que todo los detenidos fueron registrados desnudos, por lo que no hay rastros que indiquen si esos cacheos se justificaron debido a una sospecha razonable, o si se respetaron sus derechos.
En esa misma cárcel, un incidente grabado en vídeo muestra cómo un guardia de seguridad le grita repetidas veces a los detenidos y los amenaza con encerrarlos en sus celdas, cancelando así sus privilegios al aire libre.
En varias instalaciones que no fueron identificadas, pese a que había intérpretes disponibles por teléfono, las barreras del idioma crearon confusión, elevando además el riesgo de que los detenidos fuesen sometidos a medidas disciplinarias injustificadas, según el documento.
En tres instalaciones, los detenidos tampoco recibieron un manual de ICE sobre sus derechos en su propio idioma, lo que es fundamental para que obtengan información sobre su derecho a acceder a un abogado o a servicios de cuidado médico para atender enfermedades en los centros de detención.
En otras situaciones, como ocurrió en el centro de detención en el Condado Otero, en Nuevo México, los agentes usaron la intimidación o amenazas de represalia para tratar de impedir que los detenidos presentaran quejas sobre ”asuntos serios”, y tampoco documentaron debidamente la resolución de esas quejas.
Tanto en la instalación de Georgia como en la de Nuevo México, los funcionarios de la OIG detallaron condiciones insalubres en los baños, incluyendo moho y pintura descascarada por todas partes, creando un riesgo de problemas respiratorios.
Según OIG, ICE aceptó su recomendación de revisar y reformar su proceso de registro de los detenidos y de medidas disciplinarias, mejore el acceso a intérpretes, y atienda las quejas de los detenidos sobre las condiciones en los centros de detención. Al parecer, ICE ha comenzado a tomar medidas para corregir las situaciones denunciadas en el documento.
El informe fue divulgado en unos momentos en que la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presiona al Congreso para que autorice más fondos para recrudecer el combate contra los inmigrantes indocumentados y la pandilla “MS-13”, alegando que el DHS necesita más recursos para la seguridad fronteriza y nacional.
