Editorial: “Otro error de Peña Nieto”
La militarización de la seguridad interna refleja el fracaso de los gobiernos para establecer una fuerza a policial capaz de proveer seguridad
La ley para regularizar la presencia militar en las calles mexicanas desató protestas en el Senado. Crédito: Getty
México tiene un serio problema de seguridad interna que en el pasado lo quiso resolver utilizando las Fuerzas Armadas. La violencia continuó hasta llegar a las elevadas cifras de hoy, a lo que hay que sumarlos más desapariciones y violaciones a los derechos humanos.
Los soldados están preparados para la guerra, no para lidiar con situaciones de seguridad entre civiles. Ese es un error que se vio en Irak y en cada país de América Latina que quiso usar sus tropas para establecer un orden interno.
Esta participación de la fuerza militar es un error que comenzó el ex presidente Felipe Calderón como una estrategia del momento. Ahora el presidente Enrique Peña Nieto lo formaliza dándole una estructura legal a una aberración de la democracia con la nueva Ley de Seguridad Interna.
La ley otorga al Presidente un poder amplio de movilización que puede ser activado con declaraciones poco explícitas de “amenaza a la seguridad interior”. Los controles son débiles y permite una extensión indefinida de la la medida de urgencia.
Entre varios artículos de la ley también se la autoriza a las Fuerzas Armadas para acciones de inteligencia que incluye la intervención de comunicación y recolección de información sobre un individuo sin límites claros.
La amenaza de esta ley a los derechos humanos es muy clara. Hay motivos por los cuales las organizaciones que los defienden dentro y fuera de México se oponen a esta legislación.
La militarización de la seguridad interna refleja el fracaso de los gobiernos para establecer una fuerza a policial capaz de proveer seguridad.
La Ley de Seguridad Interior debería regular y reforzar una fuerza policial. La Policía Federal debería ser la encargada natural a cargo de la seguridad pública, pero con alrededor de 38,000 efectivos no tiene la capacidad operativa necesaria.
La legislación no hace nada para capacitar a este brazo policial, como tampoco para ayudar a que las policías estatales puedan hacer cambios necesarios para realizar su función de seguridad interna.
Se estima que el 2017 es uno de los peores años en materia de seguridad pública. Semáforo Delictivo calcula que superará los 24,000 homicidios. En 2016 llegó hasta 24,559.
La Ley de Seguridad Interna le permite decir al PRI que está haciendo algo contra la delincuencia en un año electoral. Aunque no hay ningún motivo para pensar que sea así.
Lo que hay que recordar es que la Fuerzas Armadas ya han estado involucrados en violaciones serias a los derechos humanos. Todavía es sospechoso el papel del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas.
Estas no son credenciales para otorgarles más libertad y poder.
