Apelarán caso que negó abogado a menores en procesos de deportación

Rechazar repetidas veces los intentos de una “mara” para reclutarlo, incluyendo una ocasión en la que le pusieron una pistola en la cabeza, no fue suficiente para que el joven C hondureño de origen, lograra obtener asilo en los Estados Unidos.

Abogados que representaron a CJ  en su apelación ante la justicia federal intentaron demostrar, entre otras cosas, que el muchacho no pudo presentar adecuadamente su caso porque no tenía dinero para un abogado. Su propia madre lo representó lo mejor que pudo, llenando su solicitud con frases “inescrutables” y que no respondían las preguntas necesarias.

Una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito echó por tierra los esfuerzos de lograr asistencia legal obligatoria para menores como CJ, pero abogados que lo representaron dijeron este jueves a La Opinión que apelarían a otro panel del tribunal.

“No creemos que esta es la última palabra en lo que se refiere a este asunto”, dijo Jorge Barrón, director ejecutivo del Northwest Immigrant Rights Project, que fue uno de los abogados del caso de CJ.

Uno de los jueces del panel de tres que tomó la decisión en contra de CJ, escribió que su decisión solo se refería a menores que llegan con sus padres, dejando abierta la posibilidad de una decisión diferente para niños que vienen solos. Por el momento, ni unos ni otros tienen derecho a un abogado pagado por el estado.

“Apreciamos esa distinción”, dijo Barrón. “Pero para nosotros, eso no debería importar. Aún cuando estén con uno de sus padres, ese padre o madre no es un abogado y ella misma acaba de llegar a Estados Unidos. Alguien así no puede estar preparado para navegar el complejo sistema legal de nuestro país”.

Cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a un defensor público en los tribunales penales, mas no así los inmigrantes en procesos civiles de deportación.

Especialmente vulnerables son los menores de edad que vienen -solos o acompañados-a Estados Unidos escapando de situaciones de violencia y reclutamiento pandilleril.

Según el Departamento de Justicia, 42% de los más de 20,000 menores que estuvieron en proceso de deportación entre julio de 2014 y diciembre de 2017 no tenían un abogado que los representara.