Prohíben entrada de activistas a centro de detención de California
Autoridades del departamento del Sheriff aseguran que miembros de la organización CIVIC ingresaban contrabando
CIVIC asegura que la decisión de revocar los permisos es en represalia por denuncias. Crédito: CIVIC
El Departamento del Sheriff del Condado de Contra Costa, en el norte de California, aseguró que miembros de la organización Iniciativas Comunitarias para Visitar Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC) ingresaban “contrabando” a un centro de detención que visitaban y les retiró el permiso para entrar.
La oficina del sheriff David Livingston, aseguró que miembros de CIVIC han “infringido las reglas repetidas veces” al enviar contrabando y “depositar dinero en las cuentas de inmigrantes detenidos” en el Centro de Detención del Oeste del Condado (WCDF), situado en Richmond.
Aseguran además que proporcionaron sus números de teléfono personales y direcciones a personas encarceladas y transmitieron mensajes a familiares y amigos de los arrestados.
Por este motivo, la oficina del alguacil canceló la autorización para que los voluntarios ingresaran al centro al considerar que unos 20 miembros de CIVIC violaron las reglas de interacción con las personas encarceladas.
CIVIC negó las acusaciones al asegurar que la decisión de revocar los permisos son una represalia por las denuncias hechas el año pasado por las condiciones en las que se encontraban los reclusos a cargo de Livingston y convocó a una manifestación.
En 2011 CIVIC instauró un programa de visitas de voluntarios a los detenidos y una línea telefónica gratuita para inmigrantes arrestados por ICE en WCDF.
En noviembre pasado la organización publicó una carta en la que 27 reclusas aseguraron que sufrían encierros prolongados de hasta 23 horas al día y tenían que usar bolsas de plástico para hacer sus necesidades.
Las denuncias llamaron la atención del congresista Mark DeSaulnier, quién solicitó una investigación sobre las supuestas arbitrariedades, a finales del año pasado.
“La constitución no es opcional. No se puede ignorar en un intento de silenciar a los críticos del sistema de detención de inmigrantes”, dijo Christina Fialho, abogada y directora ejecutiva de CIVIC.
“In terminating our program, the Sheriff’s Department and ICE are not just trying to punish us, they are trying to send a message to other activists to stay silent. We will not be silenced.”
More on our statement: https://t.co/wBPRSJU8Yv#BreakTheICE pic.twitter.com/VI0bJjM49K
— CIVIC (@endisolation) March 9, 2018
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“ICE y el condado están tratando de hacernos elegir entre nuestros derechos a aplicar la Primera Enmienda (que protege el derecho de reunión pacífica) y visitar a nuestros amigos en detención de ICE. Esta no es una opción que nuestro gobierno puede pedirnos legalmente que hagamos”, advirtió Fialho.
Hace dos semanas el Departamento del Alguacil canceló la línea telefónica gratuita establecida por CIVIC. Tras exigir una explicación, la organización recibió un correo donde decía que la decisión se dio después de una investigación exhaustiva de los correos electrónicos, llamadas telefónicas, entrevistas de radio y periódicos de CIVIC y que la organización representa un riesgo de seguridad y protección.
