Acusan a dos policías de Gardena por venta ilegal de 100 armas de fuego a través de Instagram

Muchas de las transacciones que realizaron fueron con personas que tienen antecedentes penales

Uno de los policías utilizó la cuenta _the.38superman_ para realizar las ventas.

Uno de los policías utilizó la cuenta _the.38superman_ para realizar las ventas.  Crédito: Captura de Pantalla | NBC

Dos policías de Gardena, ciudad ubicada en el sur del condado de Los Ángeles, fueron acusados de vender más de 100 armas de fuego de manera ilegal utilizando sus cuentas en la red social Instagram.

De acuerdo con la Oficina de la Fiscalía Federal en Los Ángeles, Carlos Miguel Fernández, de 42 años, y Edward Yasushiro Arao, de 47 años, compraban armas de fuego clasificadas como off roster en California para luego revenderlas. Dichas armas solo se pueden conseguir por agentes del orden.

Los acusados, según la investigación que llevó a cabo la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), publicaban fotografías de las pisotalas y los rifles que ofertaban en sus redes sociales. También utilizaban las cuentas de Instagram para negociar precios y recibir pagos. Entre 2015 y 2017, ambos vendieron 101 armas de fuego de manera ilegal.

Además, muchas de las transacciones que realizaron fueron con personas que tienen antecedentes penales, a quienes se les ha prohibido poseer armas de fuego.

Según la denuncia, Fernández utilizó su cuenta de Instagram, bajo el seudónimo ‘the38superman’, para anunciar la venta de armas que él adquiría gracias al privilegio de compra. La mayoría de las armas que él vendía eran pistolas Colt de calibre 38.

El agente Arao también publicaba el armamento en venta a través de la cuenta de Instagram de la empresa Ronin Tactical Group, de la cual es director general y cuenta con licencia federal para venta de armas de fuego.

Las ventas ilegales también se llevaban a cabo en ferias de armas de fuego (gun shows), pero ninguno contaba con licencia individual para comercializarlas.

Fernández y Arao tendrán que comparecer ante una corte el próximo 3 de abril para responder a las acusaciones. De ser encontrados culpables, enfrentan sentencias de 10 a 15 años en prisión federal.

Ambos llevan 17 años trabajando como agentes del Departamento de Policía de Gardena.

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